Los crímenes de la Triple A en Bahía Blanca: el fiscal pidió que se condene a los cuatro acusados

El fiscal Pablo Fermento, en representación de la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca, concluyó su alegato en el juicio oral a cuatro ex miembros de la Triple A, responsable de 24 homicidios en el sur bonaerense entre fines de 1974 y el último golpe de Estado. El Ministerio Público consideró acreditada la pertenencia de Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero y Héctor Angel Forcelli al grupo paramilitar que respondía al diputado peronista Rodolfo Ponce y a los servicios de inteligencia, y pidió las penas máximas previstas para los delitos por los que llegaron a juicio: prisión perpetua para Aceituno, acusado de coautor del homicidio de David “Watu” Cilleruelo en un pasillo de la Universidad Nacional del Sur (UNS) en abril de 1975, y diez años de cárcel para sus ex compañeros, como miembros de la asociación ilícita. Dado que la patota fue cobijada por la UNS y antes por la delegación local de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el fiscal solicitó al Tribunal Oral Federal que encomiende una serie de reparaciones simbólicas a esas casas de estudio. El juicio continúa con el alegato de la abogada Mónica Fernández Avello, que representa a la querella de H.I.J.O.S. Bahía Blanca.

La quinta y última parte del alegato de Fermento abarcó los últimos secuestros y fusilamientos atribuidos a la Triple A bahiense, que luego del golpe nutrió de mano de obra civil al Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército. En octubre, Mario Golberg, Hugo Vita y Nélida Giorzzo fueron acribillados en un paraje de la ruta 35. En noviembre, tras un intenso proceso de persecución e intimidación, fue asesinado el pampeano Carlos Alberto Davit, militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Para despejar cualquier duda sobre su absoluta impunidad lo colgaron de una pierna en la baranda de un puente que hoy lleva su nombre. En diciembre mataron a los estudiantes de geología Gabriel Ganuza, José Surace y Julio García, a quienes abandonaron cerca de Villa Iris. Esas muertes no fueron el fin del aniquilamiento sino el pasaje de la paraestatalidad a la estatalidad y la lógica concentracionaria detrás de los crímenes, explicó Fermento.

El alegato dedicó un capítulo especial al rol del Poder Judicial en el plan criminal, que se resume con un dato contundente: ninguno de los 24 homicidios fue investigado. Hubo apenas medidas rutinarias “para guardas las formas”, pero ni siquiera cuando las pruebas fueron ostensibles se avanzó hacia los autores. Como ejemplo de “una complacencia de ribetes escandalosos”, el fiscal recordó los casos de Cilleruelo, de Luis García y de Alberto Pojomovsky. En el primero, un testigo clave llegó a ser careado con el asesino Jorge Argibay, jefe de la patota que el interventor de la UNS Remus Tetu había contratado como personal de “seguridad y vigilancia”, que más tarde sería apresado por un episodio menor. Antes de liberarlo, las autoridades penitenciarias le preguntaron al entonces juez federal Guillermo Madueño por su situación en torno al homicidio. La repuesta: “por ahora no interesa a este Juzgado la detención”.

En el caso del “Negrito” García, delegado gremial de 18 años y militante del Frente Antiimperialista y por el Socialismo (FAS), su familia, testigo del secuestro, reconoció a Basilio “Chacho” Pérez (ya fallecido) entre los captores y también a uno de los vehículos usados, que pertenecían a la CGT que comandaba Ponce. Pero ni Pérez ni su jefe fueron indagados.

Más burdo aún fue el caso de Pojomovsky. Los asesinos dejaron abandonada en el lugar del secuestro una camioneta de la UNS, que reconocieron los vecinos. La esposa, que corrió herida, reconoció a un Falcon verde de la misma universidad. Un día después, Pablo Argibay, miembro de la banda e hijo de su jefe, también fallecido, denunció que les habían robado la camioneta. Lejos de investigar esa coartada infantil, la fiscal María del Carmen Valdunciel de Moroni dictaminó que los testimonios que conducían al grupo paraestatal eran “inoficiosos” y Madueño cerró la causa.

Penas y reparaciones

El fiscal Fermento pidió que se condene a prisión perpetua a Aceituno y, dado que llegó a juicio con arresto domiciliario, que se le revoque ese beneficio y se lo traslade a una cárcel común. En los casos de Curzio, Forcelli y Pallero, que llegaron a juicio en libertad, pidió que sean detenidos de inmediato.

Como parte de la reparación no sólo a las víctimas fatales sino a también a quienes debieron recurrir al exilio interno o externo para salvar sus vidas, el fiscal pidió que se declaren nulas las cesantías y expulsiones de docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad Nacional del Sur que dispusieron en los primeros meses de 1975 el nazi Tetu y su secretario técnico César Lemos. Muchos de esos profesores sufrirían un año después un simulacro de juicio por “infiltración ideológica marxista” con el que las autoridades del Cuerpo V de Ejército, cebadas por los escribas del diario La Nueva Provincia, los rastrearon por todo el país hasta detenerlos y encarcelarlos, aunque ni el servicial Poder Judicial del Estado terrorista se animó a condenarlos por los contenidos de sus cátedras.

Fermento pidió al tribunal que les encomiende a las universidades del Sur y del Comahue (ambas tuvieron como interventor a Tetu, en Neuquén acompañado por el célebre agente Raúl Guglielminetti, hoy condenado), igual que a las delegaciones de la UTN en Bahía Blanca y en General Pico, la colocación de referencia históricas sobre la puesta a disposición de sus instalaciones y recursos al servicio de grupos paraestatales armados en aquel período, y también la publicación y difusión en sus respectivos ámbitos de la sentencia que dicte.

Por último, solicitó al tribunal que integran Roberto Amábile, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava que se encomiende a la UNS el otorgamiento de un doctorado honoris causa al militante comunista “Watu” Cilleruelo, asesinado frente a decenas de testigos poco antes de asumir al frente de la Federación Universitaria del Sur. “Por la memoria de las víctimas y por la dignidad de familiares y sobrevivientes. Por la valentía de quienes prestaron testimonios y por el silencio de quienes no pudieron hacerlo. Por el fin de la impunidad y del miedo, que sea justicia”, concluyó su alegato el fiscal Fermento.

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