Marginalidad, drogas, tiros y muerte

Informar sobre un asesinato puede convertirse en un viaje hacia las profundidades de cualquier cuerpo social. Adentrarse en la violencia más extrema, la irreparable, significa intentar comprender sus causas más inconfesables, sus raíces tapadas por una realidad que suele devorarse todo en nombre de la inmediatez.

El pasado lunes 3 de este mes, Brian Ariel Loza, un joven de 23 años, murió tras recibir múltiples balazos en una plaza de Ciudad de los Cuartetos que funciona como una suerte de frontera dentro de otra frontera.

En la primera década de este milenio, en el marco del plan oficial denominado “Mi Casa, Mi Vida” que relocalizó a miles de vecinos de villas miseria de la Capital cordobesa en nuevas urbanizaciones, nació el barrio 29 de Mayo-Ciudad de los Cuartetos. Inaugurado el 16 de noviembre de 2004, a un costado de la avenida Circunvalación, en el extremo norte de la ciudad de Córdoba, las primeras 480 viviendas se ubicaron dentro de un contorno cuidadosamente demarcado con un pórtico de ingreso, señal de que allí había una ciudad dentro de otra.

Al traspasar ese límite y desandar algunas cuadras, aparece una plaza que en su comienzo estaba repleta de estatuas en honor a los músicos Aldo Kustin, Carlos “la Mona” Jiménez, Leonor Marzano y Rodrigo Bueno, entre otros referentes del género que le da nombre al sector. Una plaza que hoy muestra rostros grises, juegos caídos y que se convirtió en otra línea divisora: “los del fondo” o “los de adelante”, depende de con quién se hable, da la pauta de que una comunidad es mucho más que un conglomerado de personas en el mismo sector.

Allí, el lunes 3 de este mes, durante el mediodía, o sea a la vista de cualquiera, Loza recibió al menos tres tiros entre la ingle y el tórax. No sobrevivió.

Horas después terminarían detenidos Cristian Agustín Ferreyra, de 22 años, y Pablo Miguel Gramajo, de 30, dos vecinos del mismo barrio, changarines del Mercado de Abasto, que no alcanzaron a esconderse muy lejos.

La investigación oficial a cargo de la división Homicidios de la Policía indica que esa mañana Loza y Ferreyra comenzaron a discutir por cuestiones “que aún no están claras”, momento en que Gramajo le habría acercado un arma a Ferreyra para que matara a Loza.

Loza, que había llegado al barrio tiempo después de su inauguración, tenía diferentes antecedentes por robos e incluso desde la Policía se destacó que hacía unos meses, en 2020, había sido baleado por un comisario en medio de un supuesto enfrentamiento.

De niño logró terminar el primario en la escuela de Ciudad de los Cuartetos, pero luego deambuló en otros establecimientos hasta que desertó.

El joven, coinciden investigadores policiales y vecinos del sector, solía robar en la misma zona, por lo que era común que las víctimas luego fueran a recriminárselo.

Pero detrás de esta hipótesis asoma la pista del narcotráfico. Una oferta de droga que se ha ido expandiendo como una mancha imparable en ese sector, al igual que en tantos otros puntos de la ciudad, fomentando un consumo y una necesidad de dinero para alimentarlo que terminan por regenerar de manera completa el círculo delictivo.

“Son jóvenes que viven en Ciudad de los Cuartetos y en otros barrio, ya que van y vienen porque comienzan a buscar otras casas donde se refugian, todo en el marco de la venta de drogas. En el barrio hay muchos chicos judicializados y no es fácil trabajar con ellos, porque ya van tres o más generaciones que se dedican a la venta de drogas y ellos entienden que ese es el modo para ganar plata que tienen”, grafica alguien que hace años que recorre el sector todos los días. No hace falta explicar el motivo por el que su identidad no será revelada en esta nota.

Otro conocedor del barrio, agrega: “Hay hasta cuatro generaciones que nunca han trabajado. Es difícil plantear que hay otras alternativas, ofertarles algo diferente. Acá es mucho más profundo pensar la dinámica social. La única manera es la educación, pero en los barrios populares no está llegando la educación como se debería hacer, nadie fomenta las habilidades de estos chicos. Es más fácil estigmatizarlos antes que apostar para poder ayudarlos”.

La educación, o mejor escrito su ausencia, termina por colarse en este relato que nace de un crimen, de una noticia policial. En Ciudad de los Cuartetos, como en tantos otros barrios cordobeses, docentes que trabajan en escuelas que ya se cansaron de operar como “trincheras” sociales, muestran uno de los varios rostros de la desigualdad. La pandemia y la consecuente cuarentena profundizó esa brecha: en los colegios advierten una mayor deserción, una desconexión más profunda y un hambre que deriva de la falta de un comedor abierto todos los días. La currícula se relajó y el objetivo es que los chicos se mantengan adentro del sistema a cualquier costo. Cuentan aquí y en otros colegios de Córdoba cómo hay casos de chicos que terminan el primario sin saber leer.

Hace pocas semanas, la escuela presidente Juan Domingo Perón de barrio Ciudad Evita, en el sudeste capitalino, mostró mucho más que una señal de alarma. Su directora y los padres de los alumnos relataron cómo el hambre y el frío se colaban en las aulas de una manera desoladora en medio de un sector donde la violencia atraviesa a los jóvenes y más grandes desde hace tiempo.

“Cuando los chiquitos empiezan a sentirse mal les pregunto y me dicen ‘En casa no había nada para comer’. En nuestra escuela siempre hubo comedor y ellos consultan ‘Seño, ¿hoy van a dar la leche, van a abrir el comedor?’, y sabemos que no por el protocolo. Eso a uno le parte el alma”, contó la directora, Mónica Pereyra, a la prensa.

Es imposible trazar una línea directa. Pero allí donde la esperanza comienza a menguar, la violencia suele asomar con mayor frecuencia. La ausencia de un horizonte más claro deriva en una necesidad de un hoy permanente, que puede llevar a buscarlo a cualquier precio. La droga y las armas terminan por reemplazar a los útiles. El consumo permite evadir la realidad y el narcotráfico puede llevar a ganar esos pesos esquivos. La rueda se vuelve perversa.

En algunos sectores de la ciudad, el porcentaje de jóvenes judicializados aumenta de manera directamente proporcional a la distancia de su barrio con respecto al Centro. La periferia no es sólo geográfica.

En medio de una crisis que no encuentra piso, y que muestra en Córdoba abultados índices de pobreza y desocupación, el aumento de la oferta de la venta de droga se mimetiza con una mayor cantidad de personas dispuestas a participar en las estafas telefónicas (el delito de moda en esta cuarentena) o que se insertan en las diversas células que conforman las bandas dedicadas al robo de vehículos.

Los “herederos”

La mano de obra desesperada siempre es una opción que los delincuentes de bolsillos más gordos tienen a mano. El jueves último, al comenzar en la Cámara 3ª del Crimen un juicio contra 13 personas acusadas de integrar una pyme narco asentada en villa La Maternidad, el fiscal de Cámara Marcelo Hidalgo no dejó de mostrarse sorprendido por la pintura social que muerta el expediente judicial.

A fines de octubre de 2019, cuando el coronavirus ni siquiera era una referencia lejana en el imaginario popular, allí fue desbaratada una banda que oscilaba entre el narcomenudeo y el narcotráfico a mayor escala.

Hidalgo, que logró que siete de los 13 acusados ya aceptaran un debate abreviado, señaló que la banda había realizado un “copamiento territorial” en ese sector. “Es impresionante poder ver, de acuerdo a la investigación, cómo villa La Maternidad se encontraba copada por la venta a toda hora de estupefacientes, cómo había niños que consumían y cómo había otros jóvenes de clase media que iban allí a buscar la droga, mientras que otros niños más expuestos, más vulnerables, la tenían que esquivar”, resaltó el fiscal.

Mientras que en villa La Maternidad había al menos cuatro “quioscos” atribuidos a esta banda que expendían droga a toda hora, la organización tenía otros domicilios en barrio San Vicente donde guardaban la cocaína, la fraccionaban y también ocultaban el dinero que ganaban con esta actividad clandestina., según se sostiene en la acusación

Para proveerse de la droga, se presume que tenían contactos en Tartagal, Salta, lo que abrió otra investigación en el fuero federal.

En la investigación abundan las escuchas de conversaciones en un lenguaje encriptado: balones y pelotas de fútbol hacen referencia a las bolsas o envoltorios con cocaína, lo mismo que las “cajas de cerámico blanco” y las “camisetas blancas y amarillas”. La “platea” hacía referencia a la droga de mejor calidad, mientras que la “popular” indicaba aquella cocaína rebajada para disminuir su costo de venta, de acuerdo a la “traducción” que dejaron asentada los sabuesos antidrogas.

Pero esto no es todo: también se descubrió que desde adentro de la cárcel un preso les pedía que les enviaran droga a través de una visita, sustancias que luego revendía en el interior de la penitenciaría.

¿Algo más? Sí, al escuchar a los principales investigados, los pesquisas oyeron como entre ellos se ufanaban de tener contactos policiales que los iban alertando sobre potenciales allanamientos.

Copamiento territorial, niños, cárcel, policías, narcotráfico y narcomenudeo, todo en una clave narco encriptada.

Al comenzar el juicio, uno de los principales acusados, Cristian Orlando “Tartuchin” González pidió declarar. Sin ponerse colorado, contó que él era el único responsable, que la venta de drogas, que lo hacía en grandes cantidades y que le había ido muy bien en lo económico. Pero su intención no fue autoincriminarse, sino de intentar desligar al resto, ya que dijo que allí no había ninguna banda organizada.

Entre los acusados figura una jubilada de 57 años, discapacitada y que vivía sola, además de un hombre que sufre de poliquistosis e insuficiencia renal hepática, y otro que dijo vivir gracias al cobro de cuatro planes sociales. Cara y cruz de la moneda narco: imputados que se ufanan de sus riquezas y otros que lloran su miserias.

Cristian González y su hermano Diego están sindicados como los presuntos jefes. Son hermanastros de Raúl “el Tuerto Cacho” Cuello, toda una referencia con nombre propio en el submundo del narcotráfico cordobés. Luego de que Cuello fuera detenido a principios de octubre de 2018, los González se autoproclamaron como sus herederos.

Villa La Maternidad fue el lugar donde por primera vez “el Tuerto Cacho” cayó preso por drogas, en un lejano agosto de 2002. Su leyenda cuenta que años después recuperó la libertad y continuó forjando un imperio propio en distintos barrios de la zona sudeste, un sector en el que fue cosechando “soldados” y lealtades mientras su poder económico se multiplicaba. Hasta que volvió a prisión. Ahora, casi dos décadas después, otra historia judicial vuelve a desnudar todas las carencias del lugar donde nació aquel mito narco.

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