Un perito de Chocobar está acusado por estafas a policías

Desde 2017, por denuncias presentadas por 40 policías e integrantes de otras fuerzas de seguridad, la Justicia de San Juan investiga una “megaestafa” cometida mediante la entrega de certificados “truchos” en cursos sobre criminalística y otras ciencias forenses. Uno de los investigados es Héctor Daniel Fernández, uno de los peritos de la defensa de Luis Chocobar que sostienen que el policía no tuvo la intención de matar al joven Juan Pablo Kukoc, a quien perseguía luego de que cometiera una agresión y un fallido robo en el barrio porteño de La Boca. Por un lado, el perito defiende al policía que le puso nombre a la “doctrina Chocobar” del “gatillo fácil” avalada por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, y por el otro es acusado por decenas de uniformados.

Los dos peritos de la defensa dijeron, en el juicio oral donde Chocobar es imputado por homicidio, que el policía disparó hacia el piso y que “el rebote” de las balas provocó la muerte de Kukoc, quien estaba desarmado y podría haber sido detenido sin necesidad de disparar. Las estafas que se investigan ocurrieron en 2015 y 2016, mediante la falsificación del logo, el sello y la firma del doctor Héctor Mathieu, rector de la Universidad Católica de La Plata (UCALP). Por la estafa que involucra a Fernández estaba siendo investigado también Darío Murúa Torres, quien apareció muerto en su casa de un disparo en la boca.

Está claro que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y el perito Fernández no ha sido condenado. De todos modos, el antecedente fue confirmado en el juicio a Chocobar, luego de una pregunta formulada por la parte querellante. Lo que se puso en duda es la idoneidad de Fernández, quien ya fue cuestionado por lo mismo en otro juicio, en Rosario, en un caso de femicidio en el que defendía al imputado.

Lo que se pone en duda es la credibilidad del perito, teniendo en cuenta que la investigación que lo involucra se relaciona con la labor profesional que desarrolla en la causa Chocobar. Antes del inicio del juicio oral, la querella también había cuestionado la idoneidad del peritaje realizado por el otro experto presentado por la defensa del policía (ver aparte).

En mayo de 2017, en declaraciones al diario El Día de La Plata, la investigación de la denuncia por estafa fue confirmada por Rafael Ignacio Pereda, asesor legal de la UCALP. Explicó en ese momento que había dos tipos de estafa, la cometida en perjuicio de los policías, gendarmes e integrantes de otras fuerzas de seguridad, y la falsificación de los certificados que nunca habían sido convalidados por esa casa de estudios. En ese momento, Fernández era director de la Licenciatura en Criminalística de la UCALP, pero los cursos cuestionados habían sido dados en otras provincias, sin que la UCALP tuviera conocimiento.

Los cursos se habían promocionado también en Córdoba y en Tucumán, pero la causa fue abierta en San Juan, a partir de la denuncia de una joven mujer policía que se dio cuenta de la estafa cuando intentó convalidar el título que le habían otorgado los responsables del curso en criminalística. La causa en la provincia cuyana sigue abierta, a cargo del juez Martín Heredia Zaldo, según señalaron los querellantes en el juicio contra Chocobar. El dato fue convalidado por el propio perito Fernández.

De acuerdo con la información que se conoció a través de fuentes judiciales, en su momento, el valor de los cursos era de 20 mil pesos por persona y se estima que el monto de la estafa llegaría al menos a 500 mil pesos de esos años.

De acuerdo con la denuncia, de la estafa participaron al menos dos personas, el perito Fernández y Darío Murúa Torres, quien apareció muerto en su casa de la ciudad de Córdoba. La muerte se produjo por un disparo en la cabeza realizado con una 9 milímetros y todo indica que el hombre se suicidó luego de la difusión pública de la estafa.

Torres, oriundo de Córdoba, se presentaba como titular de la Fundación Argentina de Ciencias Forenses y Criminalística con sede en la capital de esa provincia. Los cursos y seminarios eran organizados por esa fundación, pero los diplomas falsos tenían el logo y el sello de la UCALP. Además, Torres celebraba “misas” en la Iglesia Carismática Apostólica Misionera Ecuménica, en una casa del Barrio Villa Páez en la capital cordobesa. A Torres se lo conocía como el “presbítero Darío”. Los dos responsables contrataban como docentes a expertos reconocidos, que al parecer también fueron engañados con la supuesta legalidad de los diplomas.

En Córdoba, mediante contactos políticos, habían logrado que la Legislatura local declarara los cursos “de interés social, educativo e institucional”. Los diplomas tenían también un sello atribuido al Ministerio del Interior, que supuestamente convalidaba los datos sobre el aval del rector de la UCALP. Eso les abrió las puertas en Tucumán y San Juan.

La organización realizaba cursos afines a las actividades de las fuerzas de seguridad, como criminalística, investigación criminal; entomología forense; medicina forense; balística pericial, cartuchería y armamento, y la Diplomatura en Criminalística. La única causa abierta es la de San Juan, aunque también se habrían cometido estafas en Córdoba y en Tucumán.

La estafa se conoció en 2017 cuando la joven agente sanjuanina quiso que las autoridades de la policía provincial convalidaran el título que había recibido por haber cursado la Diplomatura en Criminalística. El problema surgió cuando ella se comunicó con las autoridades de la Universidad Católica de La Plata y descubrió que la habían estafado.

El cuerpo de Darío Murúa Torres fue hallado el 18 de mayo de 2017, en su domicilio de la calle Lituania 2525 del barrio Pueyrredón, en la ciudad de Córdoba. En la casa encontraron cartas manuscritas en las cuales el hombre informaba a su familia su decisión de quitarse le vida. En el caso intervino el fiscal Fernando López Villagra.

“Papelón”

El 30 de julio de 2019, el diario La Capital de Rosario publicó una nota titulada “Papelón de un perito en un juicio por femicidio”. El del “papelón” era Héctor Daniel Fernández, el perito designado por la defensa de Luis Chocobar. El episodio se produjo durante una audiencia en el juicio oral por el femicidio de Estefanía Daiana Armanino, una joven de 23 años que murió al recibir un disparo en su casa. En el juicio, Fernández actuaba como perito de la defensa del acusado, Walter Santos Gómez.

Como especialista en criminología, el perito Fernández sostuvo una hipótesis destinada a desvincular del hecho al imputado Gómez. Luego de escuchar su exposición, y con una serie de documentos en su mano, el fiscal Luis Schiappa Pietra le preguntó si él era la misma persona que estaba siendo investigada en San Juan por una estafa con diplomas “truchos” de la que habían sido víctimas decenas de policías y miembros de otras fuerzas de seguridad de esa provincia.

Luego de la pregunta, el silencio que se hizo en la sala fue rotundo. Fernández tuvo que confirmar que él era esa persona. Entonces, el fiscal dijo ante los jueces, las partes y el público presente: “Un perito necesita ser impecable para impugnar. Veremos en adelante qué credibilidad se le asigna a alguien que tiene causas en varias provincias por estafa”. La intervención estuvo dirigida a los integrantes del tribunal, Mónica Lamperti, Gustavo Pérez de Urrechu y Román Lanzón.

El juicio se desarrollaba en el segundo piso del Centro de Justicia Penal de Rosario. El acusado Gómez había dicho que la mujer se había suicidado, pero fue acusado por la hija de 6 años de la víctima, que dijo en la Cámara Gesell: “Le disparó Walter, yo lo vi. Hizo pum, pum y ahora mi mamá está en el cielo con los angelitos”.

Una fuente del tribunal, según consignaron otros medios periodísticos de Rosario, desacreditó la hipótesis expuesta por Fernández para eximir de culpa a Gómez: “Sus apreciaciones eran demasiado parciales y tendenciosas. Si bien era un perito llevado por la defensa, daba sentencias que un perito de esa magnitud no puede dar, debe permitir la duda sobre algunos puntos”.

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