Clases presenciales, el peor error del Gobierno porteño

Si el gobierno de CABA suspendió las clases presenciales para evitar contagios, quiere decir que la negativa de ese gobierno a suspenderlas mientras la pandemia crecía en el distrito de manera exponencial era por razones puramente políticas. En todo momento afirmó que la presencialidad no afectaba la curva de contagios y ahora demuestra lo contrario. Elegir las clases presenciales para diferenciarse del gobierno nacional en un año electoral, fue la peor decisión de Horacio Rodríguez Larreta porque al suspenderlas ahora, aunque puso explicaciones y mil excusas, está reconociendo que se equivocó.

Las medidas de precaución y distanciamiento hay que tomarlas antes de que provoquen contagios masivos, que se manifiestan diez días después, como sucede ahora. Las clases presenciales tendrían que haberse suspendido diez días atrás, cuando lo propuso el gobierno nacional, o antes.

Porque los índices que muestran a la CABA como el distrito con más muertes por millón de habitantes corresponden a contagios que se produjeron hace más de diez días. La resolución política de tomar a las clases presenciales para confrontar con el gobierno nacional contribuyó a alimentar estas cifras mortíferas entre las que se cuentan quince maestros y auxiliares muertos por covid desde que se tomó esa decisión.

Larreta involucró en esa medida de abandono sanitario a alumnos, padres, docentes y a la sociedad en general, afectada por la movilidad que implica. Pero además desató una batalla judicial en la que movió los alfiles de Juntos por el Cambio, como una Corte siempre dispuesta a debilitar al gobierno nacional y el procurador interino, Eduardo Casal, designado por Mauricio Macri para respaldar su estrategia de lawfare. Con el agregado de que ahora, al suspender la presencialidad, no tiene estrategias de reemplazo por la virtualidad, porque tendría que reactivar los programas para entregar computadoras a los estudiantes.

Cuando se decidieron las medidas de precaución que CABA no respetó, la provincia de Buenos Aires mostró una meseta en los contagios, mientras que en CABA siguió el crecimiento exponencial. El problema es que las medidas deben ser aplicadas por todos los distritos. Con que uno no las respete, libera el virus en los demás, por lo cual, a los pocos días, la cantidad de contagios también comenzó a crecer en el distrito bonaerense.

Más allá del partido que la gobierne, ya sea por su densidad poblacional y por el nivel socioeconómico, la CABA funcionó como centro de propagación del virus. Tendría que haber sido el distrito más riguroso en el control sanitario, pero fue al revés, uno de los más imprudentes.

Después del salto que dieron los índices de contagio en el AMBA, ahora se le han sumado los de otras provincias cuyos gobiernos, como Córdoba, no hicieron cumplir las pautas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional. Y las cifras han duplicado el pico de la primera ola de la pandemia. Alarmados, los especialistas anunciaron que de los 30 mil contagios diarios se podría llegar a más de 50 mil si no se tomaban medidas drásticas y urgentes como las que se anunciaron esta semana.

Las medidas de aislamiento solamente por nueve días son molestas y generan también situaciones difíciles, algunas dramáticas, entre comerciantes y trabajadores. Son problemas reales, no están inventados. Igual que los problemas que ocasionan en la educación. En situaciones leves se podrían evitar. Pero con 500 o 700 muertos por día, la opción es entre esos problemas o la muerte. El malestar que producen esos problemas tiene un costo político en lo inmediato para el que ordena las medidas de precaución y para el que las aplica.

Por eso, muchos gobernadores de Juntos por el Cambio, e incluso algunos del Frente de Todos, no aplicaron las medidas que decidió Alberto Fernández. El primer choque con Larreta fue por esta razón y a partir de allí se cortaron las conferencias de prensa conjuntas. En la provincia de Buenos Aires se produjo la misma situación con la mayoría de los intendentes de Juntos por el Cambio, reacios a “restringir las libertades” e interesados en cuestionar al gobernador Axel Kicillof.

La película de la segunda ola de la pandemia mostró a Alberto Fernández y a Kicillof, asumiendo el costo político en soledad, al insistir en los planteos de resguardo mientras las demás autoridades de gestión guardaban silencio. En CABA fue más grave, con las conferencias de prensa del ministro de salud, Fernán Quirós, que buscaban restarle importancia a la pandemia para evitar medidas restrictivas cuando era el momento de tomarlas. Quirós hablaba de “mesetas” en los índices de contagio cuando todo anunciaba la tragedia que se venía.

Las cifras de ayer, de 35 mil contagios y 695 fallecidos son contundentes. Y los médicos afirman que las camas de terapia intensiva están ocupadas sólo al 75 por ciento, porque un porcentaje alto de los que las ocupan muere en menos de una semana o diez días. Y en su mayoría son menores de 60 años.

En este momento, el país está entre los más afectados por la pandemia con todas sus consecuencias de enfermedad y muerte. Las cifras son impactantes y no dejan lugar para el juego político ni para problemas subalternos. Si los comercios tienen que cerrar, tendrán que hacerlo. Igual las clases y el transporte. Las medidas de cuidado sanitario asumen el carácter de vida o muerte.

Sería suicida que cuando se cumplan los nueve días del plazo de esta cuarentena se produzca otra vez la confrontación política sobre si se mantienen las precauciones sanitarias o se levantan. Y que la Corte vuelva a intervenir para evitar los cuidados sanitarios. Las medidas, al igual que las clases presenciales, hay que sacarlas del encuadre político o judicial-político y mantenerlas en el encuadre sanitario. Si los parámetros sanitarios mejoran, podrá discutirse si se levantan o no. Pero si esos parámetros se mantienen como ahora, habrá que continuar la cuarentena.

Como nunca antes, las redes están inundadas de obituarios que dan cuenta del fallecimiento de amigos o compañeros de trabajo, otros que informan que se han contagiado y a los pocos días que están con oxígeno. Y están los que necesitan rehabilitación si pudieron superar la forma letal de la epidemia. Pero otros se enferman y no tienen demasiados efectos contrarios. Esta manifestación leve de la enfermedad contribuyó desde el principio al negacionismo y a que un gran sector de la sociedad asumiera actitudes irresponsables.

El horizonte más claro de salida lo ofrece la inminente llegada de vacunas, que han demostrado ser efectivas para evitar las fases más graves de la epidemia. La disminución drástica de los fallecimientos de mayores de 60 años ha sido porque la mayoría ya está vacunada. El 20 por ciento de la población tiene por lo menos una dosis de alguna de las vacunas.

Con la llegada de los nuevos cargamentos a partir de este lunes, el Gobierno espera que toda la población de riesgo, más los trabajadores esenciales, estén vacunados a fines de junio. Con los vacunados, más los que han sufrido la infección y tienen anticuerpos, habría una barrera efectiva que permitiría relajar en forma progresiva las medidas más rigurosas. Impresiona que el Fondo Monetario Internacional haya decidido dedicar 50 mil millones de dólares para contribuir a la vacunación mundial. Es la misma cantidad que le prestó a Macri para derrocharla en su campaña electoral.

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