Violencia de género: en pandemia se incrementó el incumplimiento de la cuota alimentaria

“Si, es real: durante la pandemia se incrementó la problemática del incumplimiento de cuota alimentaria”, dice la jueza Victoria Famá a cargo del Juzgado Nacional Civil N°92 con competencia exclusiva en Familia, de la ciudad de Buenos Aires, ante una consulta de Página/12. “El año pasado hubo muchísimas demandas por alimentos”, subraya. La situación de las familias monomarentales, hogares a cargo de mujeres que crían solas –y no por decisión sino porque los progenitores no convivientes se borraron de su responsabilidad parental–, es más crítica que nunca. Son las familias más afectadas por la pandemia, las más empobrecidas durante los meses de mayores restricciones económicas en el ASPO, según reveló un informe del Ministerio de Economía y Unicef. Seis de cada diez familias monomarentales son pobres, el doble del promedio general. El incumplimiento alimentario es la punta del iceberg de otras violencias. “Lamentablemente no se incluyeron aún a las familias monomarentales en las medidas de emergencia dispuestas este viernes por el Gobierno”, alertó a este diario la psicóloga y docente Paola Urquizo, fundadora de la red de Familias Monomarentales, un colectivo que se constituyó en 2020 en el contexto de la pandemia por Covid-19.

Las mujeres que crían solas están sobrecargadas por las tareas domésticas y de cuidados exacerbadas en pandemia. Muchas se encuentran en una encerrona, según los testimonios recogidos por este diario. A algunas les han quitado la AUH porque el progenitor no conviviente –e incumplidor— gana más ingresos y pasó de ser Monotributista a Responsable Inscripto y “como los hijos llevan su apellido, la ANSES los toma como grupo familiar y entiende (mal) que tiene un buen ingreso: aunque no cumpla con la obligación alimentaria”. Como le pasó a M.C.B. madre de tres hijos, de 8, 11 y 14 años, separada hace 7 años, y divorciada hace 5. Está sin trabajo estable, vive de la ayuda de su padre y changas, y acaba de poner en venta el auto para poder pagar una deuda de gas –que la dejó sin suministro–, terminar sus estudios universitarios y comprarles una computadora a sus hijos para que puedan seguir las clases de manera virtual. “No vamos a morir de Covid, vamos a morir de sobrecarga”, dice M.C.B. Vive en la provincia de Buenos Aires.

Las madres que reciben la asignación familiar por embargo judicial –luego de reclamar en la ANSES que el ex se quedaba incluso con ese aporte–, no califican para poder recibir otras ayudas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o la Tarjeta Alimentar porque esa asignación sigue vinculada en el sistema al sueldo registrado del varón que no cumple con la cuota alimentaria y no las registra a ella como en situación de necesidad y empobrecidas. “Si a él le suben el sueldo a mí me bajan la asignación. Es así de perverso el sistema. En abril cobré 4900 pesos. Antes, eran 7000 pesos”, cuenta a este diario Marina Barcos, de 36 años, artesana, separada después de 15 años de concubinato con tres hijos que hoy tienen 16, 10 y 8 años.

Muchas de las mujeres que no logran cobrar se han hartado de reclamar en la Justicia: los padres incumplidores se las rebuscan para seguir evadiendo y ellas terminan cansándose de un laberinto que las revictimiza sin lograr nada. El cuadro se agrava porque no hay patrocinios jurídicos gratuitos que acompañen a las mujeres en este reclamo en los tribunales y no llegan a pagar un abogado. En los Centros Integrales de la Mujer (CIM), los dispositivos que tiene el gobierno porteño en cada comuna para dar asistencia a víctimas de violencia doméstica, por decisión de la Dirección General de la Mujer expresamente no brindan patrocinio en demandas por alimentos. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad ha presentado varios proyectos en la Legislatura para que se contemple esta situación pero nunca prosperó su tratamiento, precisa a este diario María Elena Naddeo directora General de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad del organismo porteño.

Una violencia que no se nombra

En el Registro de Deudores Alimentarios de la ciudad de Buenos Aires, que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño se inscribieron en abril de 2021 un 85 por ciento más de padres que no pagan que el promedio para el mismo mes de los últimos diez años, según las estadísticas oficiales: 39 contra 21. En el primer cuatrimestre fueron incorporadas 91 personas. De las 6652 personas inscriptas en total en la actualidad, el 99 por ciento son varones. Para ingresar tiene que haber incumplido al menos tres cuotas consecutivas o cinco alternadas e implica la imposibilidad de abrir cuentas corrientes, recibir tarjetas de crédito, habilitaciones, concesiones, licencias o permisos por parte de instituciones y organismos públicos, entre otras limitaciones. Lo que sucede es que muchas mujeres desisten de demandarlos por falta de patrocinio o hartazgo por no lograr que paguen incluso con orden judicial.

“El no pago alimentario es una de las formas de la violencia económica de género más frecuente en el país y no está contemplada en las políticas sociales implementadas por el Gobierno”, advierte Paola Urquizo. Familias Monomarentales es una comunidad de mujeres que tienen a su cargo la responsabilidad y la carga económica y de cuidados en forma exclusiva o prácticamente exclusiva de sus hijos e hijas, que busca visibilizar el problema. En redes sociales hay varios grupos donde comparten sus vivencias y se apoyan.

“Es uno de los temas más recurrentes que nos llegan por mail o Instagram (@familias.monomarentales) en los últimos meses: progenitores que desaparecen y cuando tienen una buena racha económica hacen algún tipo de aporte y vuelven a desaparecer. Estamos con una carga económica, mental y física muy importante. En este contexto de crisis se ha profundizado enormemente”, agrega Urquizo.

En realidad el incumplimiento de cuota alimentaria es un problema estructural en el país –y en la región—pero se agravó en pandemia, según reflejan consultas realizadas por Página/12 en diferentes ámbitos a falta de estadísticas oficiales que midan el fenómeno. Urquizo forma parte también del Observatorio del Derecho a la Ciudad, desde donde están llevando adelante una encuesta para poder tener una magnitud del problema.

En Argentina, las familias monoparentales, es decir, donde hay un adulto con hijxs, representan el 11 por ciento del total de hogares. Los datos surgen de la Encuesta sobre la Estructura Social publicada en el libro La Argentina en el siglo XXI. La gran mayoría de los hogares monoparentales (el 84%) está a cargo de mujeres. Son ellas, en general, quienes se quedan al cuidado de los hijos e hijas luego de la disolución conyugal.

La salud mental en jaque

La violencia económica está definida en la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las mujeres, sancionada en 2009. Y el no pago de alimentos es una de sus expresiones. En lugar de abordarse como una forma de violencia de género, las madres que la padecen sienten que se encara como un conflicto familiar.

— La cuota de alimentos es un derecho de los niños y niñas y adolescentes. La madre se convierte en garante de ese derecho y no el Estado. Y es la que ve afectados sus derechos, por ejemplo, a gozar de su tiempo, de poder desarrollarse profesionalmente. Es necesario entender que esta violencia económica afecta la salud mental de quienes la sufren y es la vía de acceso a patologías físicas, emocionales y cognitivas que definitivamente producen secuelas de muy difícil reversión cuando la misma se cronifica y se acumula. Es desde este paradigma de salud integral desde el cual trabajamos en la visibilización y urgencia en acciones concretas que les permitan a las Familias Monomarentales una vida plena, sana y feliz –señala Urquizo.

Unicef y la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía acaban de publicar un informe que refleja el impacto diferencial de la pandemia sobre los hogares monomarentales. El informe, sin embargo, no hace foco en los progenitores que se desentienden de la crianza de sus hijos e hijas y las dejan a ellas criando solas.

–Cuando analizás la caída de la tasa de actividad en el momento de mayor cierre económico durante el 2020, se observa que en las mujeres sin cónyuges con niñas, niños y adolescentes a cargo fue de 14 por ciento contra un 8 por ciento del total de mujeres. Y cuando se empieza a abrir la economía, es a las mujeres que crían solas a las que les cuesta más volver al mercado laboral porque les resulta mucho más complicada la conciliación entre trabajo y familia por la sobrecarga de tareas domésticas y de cuidado que trajo también la pandemia. Terminan agarrando trabajos más informales, lo que significa menos ingresos. Están solas peleando contra un sistema muy hostil –señala a este diario Carolina Aulicino, oficial de Política Social de Unicef.

–La mayoría no elige criar en soledad, se quedan solas. Son familias nucleares convencionales que en muchos casos por razones vinculadas a la violencia machista terminaron convertidas en hogares monomarentales –puntualiza Urquizo.

¿La pandemia como excusa?

En 2015, según una investigación de CiPPEC, solo 32 por ciento de estos hogares monomarenales recibió ingresos por cuota alimentaria. Para esa fecha, la mitad de los padres de los quintiles de mayores ingresos y uno de cada cinco en los quintiles de menores ingresos cumplían la cuota. Este panorama recrudece cuando hijos e hijas crecen: mientras el 39% de les menores de 15 habían recibido cuota de alimentos en el año 2015, en el caso de quienes habían superado esta edad el porcentaje fue del 25%, lo cual implica retomar acciones legales con el costo económico y el esfuerzo que esto conlleva.

La médica Fernanda Tarica ofrece una pequeña muestra de lo que están observando en algunos de los grupos de mujeres víctimas de violencia doméstica que acompañan desde la asociación civil Shalom Bait, que dirige en la ciudad de Buenos Aires, donde sí ofrecen patrocinio jurídico gratuito a quienes necesitan reclamar alimentos, a diferencia de la política del gobierno porteño.

–Sobre un total de diez mujeres, ocho venían con problemas con el cobro de la cuota. Con la pandemia, en los dos casos en los que los ex cumplían, dejaron de hacerlo. Lo llamativo fue que cumplían con el 100 por ciento de su obligación alimentaria y pasaron a no pagar nada. Eso da una pauta de que la pandemia se usó también como excusa para no pagar. Dice mucho el hecho de pasar del 100 por ciento a cero. El incumplimiento de la cuota es lo que más cumplen estos hombres. En sus mentes es posible recortar, ajustar, anular las necesidades básicas de sus hijos. Es violencia económica y emocional también porque produce un impacto importante en el psiquismo de les hijes saber que su papá no pone un peso en ellos. Obviamente es además un instrumento de control de las mujeres. En cambio, las mujeres madres, que también viven con la pandemia, pueden. ¿Cómo pueden? Se las rebuscan, la comida llega al plato. Está mal. Toda la exigencia sigue del lado de ellas. Conseguir plata y además denunciar los incumplimientos y tener tiempo para los procesos judiciales y los abogados –indica Tarica.

Hace unos años viajó a Israel a visitar el sistema de protección a la víctima de violencia de género en ese país. “Uno de los aspectos que tomé nota fue que el Estado era quien litigaba contra el hombre que incumple y le da a la familia un importe de la cuota”, apuntó. El incumplimiento de los deberes alimentarios es un delito desde 1950 pero la Ley 13.944 se aplica poco, señala la jueza Famá.

Cecilia Bertolino es periodista feminista, vive en Pinamar, está estudiando el tema. Lo ha vivido en carne propia el problema como “madre sola” –separada del padre de sus tres hijos y con juicio por alimentos sin resultados de cobro– y está impulsando que se visibilice en los medios como violencia económica. “La ley no alcanza a doblegar la falta de voluntad de los padres que se borran. Y quedamos doblemente desamparadas, con hijes a cargo, solas con todo y sin cuota económica ni mínima ayuda de un plan social. Esta violencia se naturalizó por décadas: las mismas mujeres estaban anestesiadas”, analiza. Y agrega: “Pasar alimentos a los hijos no es solo comida, es abrigo, ropa, salud integral, educación, es permitirles desarrollar actividades deportivas o artísticas y compartirlas, es mostrarles interés por lo que hacen, apoyarlos, compartir tiempo de ocio”, detalla.

Un año con más demandas

–¿Se agravó el problema del incumplimiento de alimentos durante la pandemia? –le preguntó Página/12 a la jueza Famá.

–Si, es real, durante la pandemia se incrementó la problemática del incumplimiento de cuota alimentaria. La cuota que estaba fijada no es suficiente. Las mujeres están 24 x 7 con los hijos. La realidad es que han tenido un incremento de gastos teniendo en cuenta el proceso inflacionario. Las mujeres hacen malabares. A muchos hombres por la situación crítica económica le bajaron los ingresos y hay atrasos en las cuotas o no pagan –respondió la magistrada.

–¿Cuánto lleva un proceso judicial por alimentos?

–Suele ser rápido. Puede llevar seis meses pero apenas se hace la presentación se fijan alimentos provisorios. Los alimentos son retroactivos. La mujer tiene que cobrar luego con intereses. Y el Código Civil y Comercial reformado prevé que se aplique la tasa de interés más alta. La gran dificultad son los varones que cobran su sueldo sin registrar u ocultan mayormente su patrimonio. Los que más incumplen son los padres de mayores recursos.

–¿Y si no cumplen que pasa?

–Se están aplicando medidas como la prohibición de salir del país, el secuestro de la línea del celular o del auto, la suspensión de la licencia de conducir o que se le impida ingresar al club al cual concurre. A veces se consigue que paguen. Se trata de una forma de violencia de género: la violencia económica. El problema es que los patrocinios jurídicos gratuitos que se ofrecen a víctimas de violencia doméstica no asisten a las mujeres en las violencias conexas. Es una gran deuda. La mayoría de las mujeres víctimas del incumplimiento alimentario se quedan a mitad de camino. No pueden pagar a un abogado y desisten de demandar. Algunos abogados aceptan cobrar al final. Pero a veces ni con el mejor abogado se consigue que paguen. Ninguna medida es suficiente. Las condenas penales son casi inexistentes.

–¿Hay alguna estadística para medir el problema?

–No hay estadísticas en el Poder Judicial. Pero el año pasado hubo muchísimas demandas por alimentos. Se ven muchas demandas. El gran problema es la efectividad de las sentencias. Lo que hacemos inmediatamente si es un empleado registrado, es embargarle el sueldo. Antes los empleadores no cumplían con el embargo. El nuevo Código los hace solidariamente responsables del cumplimiento. El problema es si no está registrado.

–¿Cómo se fija la cuota alimentaria?

–De acuerdo a los recursos del alimentante y las necesidades del niño o niña, de acuerdo al nivel de vida que tenía. Aunque el obligado sea desempleado, siempre tiene el deber de alimentos hacia sus hijos o hijas. Si no trabaja la jurisprudencia dice “busque trabajo”.

–¿Es un deber compartido de los dos progenitores?

–Si, pero el cuidado, que mayoritariamente está a cargo de la madre es un aporte que se mide económicamente. Y las mujeres suelen tener ingresos más bajos. Si se resuelve el cuidado compartido entre los progenitores, los gastos comunes se reparten en partes iguales.

“Me sacaron la AUH”

“No vamos a morir de Covid, vamos a morir de sobrecarga”, dice M.C.B., integrante de Familias Monomarentales. Es madre de tres hijos, de 8, 11 y 14 años. Está separada hace 7 años y divorciada hace 5. Vive en la provincia de Buenos Aires. “Nunca logré cuota de alimentos estable ni coherente”, dice. Su ex tiene una empresa de sonido e iluminación y ve a los hijos cada tanto. “Cuándo nos separamos me dijo: ‘No me pidas nada por los chicos’. Pasé por tres abogadas que me hicieron perder tiempo y ganas. Hace tres años llevo el juicio por alimentos con un abogado que no me cobra hasta que yo cobre, porque no hay patrocinio jurídico gratuito, pero tampoco logré nada aún. Si conseguí una sentencia por una cuota que representa el 20 por ciento de lo mínimo básico para mis hijes. Pagó en 2016 y luego dos o tres meses de forma intermitente. Se embargaron las cuentas bancarias y no encontramos nada. La ANSES me sacó las AUH en 2018 –que representaban una semana real de comida– porque el progenitor subió de categoría en AFIP y pasó de monotributista a Responsable Inscripto y como les hijes llevan su apellido, ANSES nos toma como » grupo familiar» y entiende (mal) que ese grupo gana por encima del límite para la AUH. No importa si demostrás que estás divorciada y no paga cuota de alimentos. La respuesta es patriarcal”, dice M.C.B. Su padre la ayuda económicamente y ella ha tenido que vender distintos bienes para poder subsistir en los últimos años porque los empleos que consigue son precarios y tiene a su cargo el cuidado de los tres hijos. Ahora puso en venta su auto. Cuenta que guarda una foto en la que está sentada a la mesa dándole de comer a los tres hijos: con el hijo más pequeño en una guagüita tomando la teta, con una mano dándole en la boca al de 3 años y la otra, alcanzándole un vaso a la mayor, entonces, de 6. “Esa foto es el reflejo de lo que yo viví”, dice.

“Siempre tuve que vivir en la casa de mi mama”

“Mi hijo tiene 17 años. Nunca pude lograr que su padre efectivice una cuota. Desde que nació hice tres mediaciones para poder pactar alimentos. Se quedaba hasta con el salario familiar”, cuenta Corina Nyari, de 42 años. Es empleada estatal. Vive en el barrio porteño de Monte Castro. También se sumó a Familias Monomarentales. Puede llevar adelante la demanda judicial porque su hermana es abogada de Familia y se encarga de su causa. De otra forma le resultaría imposible litigar: no podría pagar patrocinio jurídico.

–Siempre tuve que vivir en la casa de mi mamá. Vivimos en un departamento de tres ambientes y duermo en el comedor. En los planes de vivienda siempre piden dos sueldos –dice Corina.

En 2006 denunció al padre de su hijo por incumplimiento de los deberes de asistencia alimentaria. Se tramitó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Correccional N° 12, secretaría 58, de la Ciudad de Buenos Aires “El fiscal acordó una probation. Se pactó que tenía que pagar una cuota alimentaria y la obra social. Pagó solo algunas cuotas y nunca más. Lo único que logré es que las asignaciones las empiece a cobrar yo. En 2019 volví a iniciarle una demanda por alimentos y otra vez lo denuncié penalmente porque no cumplió. En noviembre de 2019, el juzgado dispuso una cuota provisoria pero nunca pagó. Se dispuso el embargo de la jubilación de la abuela materna y nunca se ejecutó”, relató Corina. Por correo electrónico el 3 de marzo me informaron de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 27 que la fecha de juicio seria el 30 de abril, y que la audiencia se haría de manera virtual. Una semana antes del juicio, se volvieron a contactar con Corina informando que el demandado pedía una probation para no llegar a juicio. “Mi respuesta fue negativa porque me parecía una estrategia más para demorar el cumplimiento de sus deberes alimentarios. A los días se volvieron a comunicar: Una actuaria me informó que el fiscal no quería hacer el juicio y que lo mejor era la probation. Les volví a decir que quería que el juicio prosiga. Finalmente el viernes 14 de mayo se hizo la audiencia. Le dieron la suspensión de juicio a prueba: le aplicaron tres meses de prisión en suspenso, que durante dos años se tenga que presentar en el juicio civil cada vez que se lo convoque y un curso de temática de género”, contó Corina. En casi 18 años nunca pagó.

–¿Cómo te afectó el incumplimiento alimentario de tantos años? –le preguntó este diario.

–Me limitó toda mi vida. No pude desarrollarme profesionalmente. Inicié el CBC dos veces para estudiar Relaciones del Trabajo y Trabajo Social pero tuve que dejar porque se me hacía muy pesado estudiar, y cuidar y trabajar. La tercera vez me anoté en la UNTREF, cursé un año y tuve que dejar por razones económicas.

“Estás muy sola”

Marina Barcos tiene 36 años y vive en Malvinas Argentinas. Es artesana. “Me separé después de 15 años de concubinato con tres hijos que hoy tienen 16, 10 y 8 años. Inicié juicio por alimentos en 2016 y llegamos a una mediación. Se acordó una cuota de 4500 pesos por los tres. En abril de 2018 dejó de pagar. Dijo que lo habían echado del trabajo y no era cierto. Trabaja en Car One, es mecánico y sé que lo ascendieron. Tenía un régimen de visitas que cumplía cuando quería. Un día le pedí que le comprara a uno de los chicos una campera, me dice que no. Le dije que se la comprara con el salario familiar, me dijo que no lo cobraba. Fui a la ANSES y descubrí que sí, que la estaba cobrando. Ahora la cobro yo por embargo. Pero si a él le suben el sueldo a mí me bajan la asignación. Es así de perverso el sistema. En abril cobré 4900 pesos. Antes, eran 7000 pesos. Cuándo su sueldo pase el límite estipulado para cobrar, no voy a recibir nada. Es terrible. Estás muy sola. En ese tiempo estuve limpiando casas y vendía comida porque si me metía en una fábrica a trabajar tenía que tener un sueldo suficiente para poder pagar una niñera. Me las arreglé como pude. Mi familia me ayudaba con mercadería. El dejó de ver a los chicos en 2019. Formó otra pareja y tiene otros dos hijos, uno de 4 años y otro de meses.

–¿Cómo te las arreglás ahora?

–Ahora estoy en una nueva pareja, tuve un bebé y estoy muy bien. Él se hace cargo de mis hijos.

Marina además, sufrió distintas situaciones de violencia por parte de su ex, después de la separación. Un día le rompió toda su ropa y calzados. “Me cortó por la mitad todas mis bombachas y corpiños, me tajeó las sandalias. Todo me rompió y dejó doblado en su lugar. Cada vez que venía a casa me tiraba cosas. La última vez mi hijo mayor le revoleó una piedra con tanta mala suerte que le rompió la óptica del auto y nos terminó denunciando a mí y a mi hijo. Incluso me llamaron de la fiscalía y tuve que contar todo y llevar todas las denuncias que le había hecho.

“Estoy en juicio por alimentos hace cinco años”.

Karina Herrera tiene 46 años y vive en un departamento en el barrio porteño de Constitución con sus dos hijos, de 6 y 8 años. Los dos tienen trastorno del espectro autista. El menor no habla. Los dos usan pañales. Ella es graduada en Administración de Agencias de Viajes y Turismo. “La agencia en la que trabajaba cerró cuando tenía a mis hijos pequeños y no pude volver a trabajar. Estoy en juicio por alimentos hace 5 años. El padre trabaja en seguridad informática para una empresa petrolera. Por el momento tengo una cuota provisoria de 12 mil pesos. Pero no me alcanza. En su obra social no me quieren pagar los pañales para los chicos porque yo no soy la titular ni figuro dentro del grupo familiar porque nunca nos casamos. Me corresponde el salario familiar por hijo con discapacidad, y lo cobro porque pedí el embargo en la ANSES. Es de $ 11.000 por cada uno pero como tiene sueldo alto cobro menos”, detalla Karina. Forma parte de la Asociación de Familias con Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión (AFAPPRE). “Muchas parejas se disuelven a partir de la llegada de un hijo con discapacidad. Y nos quedamos nosotras, las madres, a cargo de los cuidados, que son especiales, y no podemos salir a trabajar”, describe Karina. 

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