Acortar el largo camino hacia la adopción

A 73 años de la sanción de la ley 13.252, que en 1948 vino a regular la adopción de nuestro país, aún transitamos un largo y sinuoso camino para asegurar la protección de más de 10 mil niños, niñas y adolescentes que se encuentran sin cuidados parentales y buscan integrarse a una familia.

Desde las antiguas sociedades de beneficencia, damas de guarda y prácticas de colocación de menores, hasta la ley 26.061 de Protección integral de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes, la ley 25.854 de Guarda con Fines Adoptivos y la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, la adopción presenta un complejo escenario para su concreción. Y ello dificulta garantizar derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia en Argentina.

A las ya conocidas demoras procesales, se suman la disparidad de reglamentaciones provinciales, la ausencia de un registro nacional que concentre información sobre todos los menores en situación de adoptabilidad, y los criterios de selección de los postulantes vinculados a un paradigma de adopción que golpea al universo de la infancia y la adolescencia más vulnerable: la mayoría de los inscriptos como aspirantes para adoptar buscan a un niño o niña de hasta 1 año, una preferencia que no guarda relación con la situación real de todos los menores que reclaman una familia para su desarrollo.

Frente al 87% de postulantes que manifiestan su preferencia por niños y niñas de hasta 3 años, apenas el 0,13% dirige su interés hacia mayores de 14 años y sólo el 16,54% de todos los postulantes del país estarían dispuestos a aceptarlos con discapacidad.

A nivel nacional, el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, reúne la información de los postulantes por provincia. Sin embargo, todo el proceso de adopción se desarrolla ante los tribunales provinciales, donde los interesados deben inscribirse.

Una vez inscripto, el proceso continúa con las convocatorias que hacen los juzgados para adoptar un niño, una niña o adolescentes en situación de adoptabilidad. Para avanzar, deben transitarse dos instancias judiciales: un juicio de guarda preadoptivo y un juicio de adopción definitiva. En algunos casos, incluso, puede sumarse una etapa previa de vinculación. Una vez finalizadas estas instancias, debe inscribirse en la partida de nacimiento la nueva condición y solicitar un nuevo DNI.

Obstáculos y condiciones

Más allá de las problemáticas vinculadas al procedimiento de cada provincia, los postulantes encuentran frente a otro desafío: sus costos. Algo invisibilizado, pocas veces expuesto y la mayoría de las veces superado con gran esfuerzo, a costa del amor que permite unir a postulantes y niños y niñas que quieren integrarse a una familia.

Sin embargo, muchas veces el amor no logra compensar los costos, y estos se convierten en un obstáculo que desincentiva avanzar con la decisión.

Si bien la inscripción en los registros provinciales es gratuita y no requiere de abogado, los costos para los postulantes se presentan en etapas posteriores: tasas de acceso a la Justicia y honorarios por asesoramiento y patrocinio de un abogado. Estos varían en cada provincia según la administración de la Justicia local y los códigos arancelarios para abogados, a los que debe adicionarse el pago de sellados y varias tasas.

Todo ello hace que los juicios de adopción tengan un costo elevado para una familia promedio. Y hasta que ello sea abonado, una sentencia de adopción no puede ser inscripta, y un niño o niña carece de vínculo legal efectivo.

Hace algún tiempo, un grupo de padres y madres me motivó a trabajar el tema, buscando una respuesta y un acompañamiento del Estado que colabore con el ya complicado proceso de adopción. Se busca garantizar el acceso a todos los postulantes, removiendo cualquier obstáculo económico que encontraban frente a sí. Un gesto de amor que no conoce de barreras, salvo la económica.

Avances

El reclamo no es desconocido, y ya funciona con éxito en nuestro país la gratuidad de los procesos judiciales vinculados a las relaciones laborales y la defensa del consumidor, en resguardo de la débil posición y desprotección que en ambos casos se encuentran los afectados para acceder a la Justicia en defensa de sus intereses.

En ese contexto, presenté hace algunas semanas, con un gran acompañamiento de otros legisladores, un proyecto de ley que busca garantizar la gratuidad de todo el proceso de adopción en cada una de sus etapas, administrativas y judiciales, y lograr la coordinación con las provincias sobre los aranceles profesionales de los abogados que ejercen en cada una de las jurisdicciones.

Lograr esto requiere coordinación federal y la adhesión de cada una de las provincias para que impulsen localmente, junto a los colegios profesionales, mecanismos que permitan a los postulantes sortear los costos de honorarios profesionales que en algunos casos pueden superar los 200 mil pesos. Experiencias similares fueron también puestas en marcha y hoy funcionan de modo exitoso en nuestra provincia, sin perjudicar la labor de los profesionales.

La infancia atraviesa momentos de especial vulnerabilidad en Argentina; las actuales cifras de pobreza infantil alcanzan al 60% de los menores del país, y ello golpea fuertemente su dignidad, sus derechos y condiciona las bases de nuestro futuro como sociedad.

Desde el Congreso de la Nación, debemos trabajar por necesidades y problemáticas reales, tendiendo puentes sólidos que permitan unir el deseo con las herramientas para concretarlo, y hacer del largo camino de la adopción un trayecto más corto y simple de transitar.

* Diputada nacional (UCR)

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