La crisis entre la Justicia y la Policía, de las notificaciones al recontraespionaje

Hace ya largas semanas que en el Panal existe una máxima: “Todos los días los noticieros arrancan con noticias de inseguridad y terminan con líos (en realidad, usan otra palabra) policiales”. La agenda diaria copada por el coronavirus desde hace más de un año en Córdoba siempre guarda un lugar privilegiado para las malas noticias policiales de cada día.

Esta semana no fue la excepción. Lo que se avizoraba al comienzo como días de control y restricciones sin grandes sobresaltos oficiales trocó en un escándalo tras otro, difíciles de digerir por completo para la opinión pública.

Primero, el martes, comerciantes y madres y padres autoconvocados denunciaron que recibieron llamativas “notificaciones” antes de la marcha contra las restricciones, que estaban convocando para esa tarde. Policías fueron a tocar timbre en los domicilios particulares y les leyeron en voz alta el decreto de necesidad y urgencia. No fueron imputados ni acusados de nada en ese momento.

Apenas comenzó a trascender esta situación, el ministro de Seguridad de la provincia, Alfonso Mosquera, dijo que su cartera era ajena a lo ocurrido y que todo era obra del fiscal Andrés Godoy, a cargo de una fiscalía especializada en perseguir los delitos por violar la cuarentena.

En Tribunales fueron varios fiscales los que alertaron que no era para nada usual utilizar estas clases de “notificaciones preventivas”. Advirtieron que la función del Ministerio Público Fiscal (MPF) no es realizar prevención, algo que compete a la Policía, sino actuar cuando se toma conocimiento de la ejecución de un delito. En ese sentido, funcionarios en actividad recalcaron que estas “notificaciones” podían dejar la puerta abierta para una denuncia por un posible espionaje ilegal.

Al mismo tiempo, en las más altas esferas judiciales comenzó a macerar un descontento con el ministro Mosquera. Godoy quedó sobreexpuesto ante la opinión pública, y en los medios se recordó que su llegada a la fiscalía, hace dos años, ocurrió de “rebote”, por lo que aún debe un concurso.

Dieciocho horas después del comunicado de Mosquera, y mientras en la Cámara de Diputados de la Nación la mamá de Blas Correas lanzaba vía Zoom gruesas denuncias sobre el aparato de Seguridad en Córdoba, el MPF salió a respaldar a Godoy mediante un escueto comunicado en el que se indicaba que las “notificaciones” fueron “realizadas dentro del marco de la normativa procesal y sustancial vigente”.

Un día después, el jueves a la tarde, Mosquera llegó al Palacio de Tribunales 1 y subió al despacho del fiscal General Juan Manuel Delgado. La reunión era reservada. Luego, cuando todo salió a la luz, desde el Panal argumentaron que el ministro había ido a invitar al fiscal General a la presentación de 100 motos nuevas para la Policía. Tanto en Tribunales como en Jefatura, varios sonrieron al escuchar esta excusa.

Fue en esa reunión que sucedió un episodio que a esta altura ya alcanza la categoría de bochorno. En el MPF, los voceros respondieron, ante una consulta de La Voz, que en medio de esa reunión una empleada de la Fiscalía General salió del despacho y observó que había dos policías cerca de la puerta, en el pasillo, en una actitud sospechosa y sin los borceguíes. A través de operadores judiciales, esa misma tarde llegó a algunos medios la información que alertaba sobre policías “descalzos para no hacer ruido”, que habrían estado haciendo “espionaje” detrás de la puerta.

El Ministerio de Seguridad intentó bajarle el tono al escándalo. La titular del Tribunal de Conducta Policial, Ana María Becerra, aseguró que una subcomisaria, encargada de la seguridad en el edificio de Tribunales 1, terminó sancionada porque tenía un borceguí mal puesto y no había saludado al ministro como indica el protocolo.

En el Panal, llamó la atención la insistencia con la que desde los alrededores del fiscal General se lanzó a rodar la versión del “espionaje”. A esta altura, es difícil creer que los verdaderos cultores de la inteligencia que jamás se puede revelar se pongan a escuchar descalzos detrás de una puerta. Todo parece encaminarse más a una curiosidad particular que a una lógica aceitada de espionaje.

Tampoco pasó inadvertido que el mismo jueves el fiscal Anticorrupción Franco Mondino resolviera adelantar para este viernes la indagatoria del comisario mayor Gonzalo Cumplido, acusado en el caso Blas Correas, quien días atrás había pedido declarar. Ante los medios, el expolicía había criticado a Mosquera.

En el Gobierno, altas fuentes sospechan que este episodio de “espionaje”, que intentaron minimizar, fue utilizado por un sector de la Justicia para tenderle una “operación”. “Fue un vuelto por lo de Godoy”, sintetizó un viejo conocedor de estos pasillos, en clara alusión a que se intentó distraer la atención sobre aquellas “notificaciones” de sólo 48 horas antes.

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