La otra grieta que deja la pandemia: subas a estatales y restricciones a privados

“Me dan vergüenza porque tienen el sueldito asegurado. Me gustaría que el próximo mes renunciaran a las dietas, que pagamos nosotros”. Esa fue la reacción de Gabriel, un comerciante de la ciudad de Arroyito, que se llegó hasta la sede del Concejo Deliberante local para cuestionar las restricciones de la semana que termina. Su arenga se hizo viral y recorrió todo el país. “No es tan difícil fundirnos, venimos de un año desde que ustedes parásitamente se nos pegaron a los contribuyentes ‘y no cedieron un mango’”, siguió.

A 14 meses de pandemia, al Estado no se le movió un pelo. Siguió funcionando como venía, en una inercia de gasto que no revisó ni ajustó en nada, ni siquiera para compensar toda la asistencia social y en gestión sanitaria que requirió –y seguirá requiriendo- la pandemia. No repensó procesos, siguió tomando gente y fue ajeno a esa hecatombe interna que sacudió absolutamente a todos en el sector privado.

“¿Quién nos ahorca? ¡El Estado! Es nuestro principal acreedor. No nos fundieron los dueños de las propiedades, que en poquísimos casos nos echaron o nos pidieron el alquiler completo. El acreedor es el Estado, que nos está haciendo cerrar. Nos vienen todos los impuestos y servicios como si estuviéramos abiertos, ¿cómo voy a hacer para abrir de nuevo en septiembre? ¡Déjenme llegar!”, dice José Collado, representante de la Cámara de Discotecas de Córdoba. Conforma la Multisectorial de Actividades Económicas, una agrupación surgida en la pandemia que agrupa a 27 cámaras de la provincia, todas afectadas por las restricciones.

Allí el debate fue profundo y extenso, al punto que se cristalizó –luego de una protesta de los comerciantes el 25 de mayo– en un petitorio de medidas que el Ejecutivo provincial concedió casi en su totalidad. No les cobrará Ingresos Brutos cuatro meses, podrán pagar todas las deudas de Epec al 1% en 30 cuotas desde diciembre, no deberán pagar la reconexión por baja del medidor y habrá subsidio directo de 30 mil a 70 mil pesos, según el caso. La Nación analiza medidas adicionales y el municipio cordobés anunció el no cobro de la cuota 5 de Comercio e Industria.

Gestos, ¿sólo gestos?

Pero los cuestionamientos son más profundos. Apuntan a ese punto tan sensible que el comerciante Gabriel señalaba, con enojo y a punto de quebrarse, un Estado cada vez más grande frente a un sector privado cada vez más desahuciado. Son las señales que ha dado la política. O, mejor dicho, las que no dio.

“Hemos dejado que los políticos construyan un Estado que se sirve de los ciudadanos y lo peor es que la mayoría de los gobiernos que han gestionado nuestro país son de la opinión de que el motor del crecimiento es el Estado; si piensan así, lo que hacen es gastar más”, remarca el economista Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso.

El Estado repite que está presente. Que el año pasado aportó el ATP y pagó el IFE. Que este año incrementó los beneficios de la Tarjeta Alimentar, que reforzó la Asignación Universal por Hijo y que ahora reforzó el Repro y flexibilizó el Monotributo para el sector privado.

Todas esas medidas adoptadas en el marco de la pandemia incrementan el gasto público en un país que no tiene crédito, que necesita acumular reservas y que imprime billetes para otorgar toda esa asistencia económica. Lo que no se observó es el esfuerzo propio del sector público, que sólo implementó medidas de racionalización del gasto en el sector previsional.

Esta semana que pasó, la paritaria que el Gobierno nacional firmó con los estatales incluyó un 35% de aumento y cláusula de revisión en noviembre. Ese 35% está por encima del 29% que el propio Martín Guzmán recomendaba para los ajustes salariales y corresponde a la paritaria del último año, cuando muchos de los 700 mil estatales nacionales no trabajaron porque las oficinas públicas no abrieron. El home office todavía es una rareza en muchas oficinas públicas.

Los trabajadores privados suspendidos tuvieron un recorte del 25% de su salario, en función del acuerdo UIA-CGT que se firmó para aplicar el 223 bis del Código de Trabajo, una especie de procedimiento preventivo de crisis rápido que implementaron cientos de empresas durante la cuarentena más dura. Lo poco que todavía queda en pie de hotelería, gastronomía y transporte sigue aplicando ese recorte.

Pero la política va siempre por otros carriles. El Gobierno provincial acordó 17,5% de aumento para el semestre con sus empleados. Pasado julio, tiene que sentarse a negociar de nuevo.

En la ciudad de Córdoba, el intendente Martín Llaryora –que en 2020 había aplicado un ajuste– ofreció 27,65% de aumento en tres etapas a los municipales para los próximos seis meses. Es el traslado exacto de la inflación y el gremio Suoem sería otra vez uno de los pocos que le empatan a la suba de precios.

“Si sacamos todo el personal médico de Nación, provincias y municipios, personal de seguridad, fuerzas armadas y docentes, usted podría ahorrarse 400 millones de pesos al mes si se bajaran 20% el sueldo”, propone el economista Roberto Cachanosky. “¿Cómo que no se pueden bajar el sueldo?”, desafía.

“No veo por qué ellos tienen que ser privilegiados, no hacen ningún esfuerzo, estuvieron en sus casas sin trabajar y hasta tuvieron aumento de sueldo, mientras el taxista no tiene trabajo, el mozo que dos tercios de su sueldo lo gana con propinas no las tiene… Hay mucha gente que no tiene ingresos”, subraya.

El tendal económico que la pandemia va dejando es cada vez más atroz. La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica informó que en los últimos 14 meses desaparecieron 11.800 empresas, que empleaban a 175 mil personas.

La Came, que agrupa a los comercios, calcula en 90 mil los locales cerrados. En Córdoba, por citar ejemplos, había 400 salones de fiestas infantiles y quedan 76. Los boliches y discotecas eran 240 y el 30% ya no existe. Quedan en la provincia 965 academias de danza, por caso: todas en la cuerda floja. La lista sigue.

“La pandemia era la oportunidad para racionalizar, hay gente en el Estado que merece un aumento de sueldo, como salud, seguridad y docentes, pero en los administrativos se debiera haber planteado una modernización del Estado”, sostiene Jorge Colina, del centro de estudios Idesa.

El economista propone, por ejemplo, pagarles un año de salario sin trabajar y que, en ese período, deban encontrarse otro trabajo. “No es que no sirvan las personas, todas sirven, son los puestos de trabajo, que no van más”, remarca. “Pero no hay nadie que lo piense, nadie que lo sepa hacer y nadie a quien le importe hacerlo; acá se paga la plantilla completa, se fijan sólo en el que labura y en ese se apoyan. Pero al que no trabaja no lo molestan”, expone.

Un dato adicional: el bono de 6.500 pesos anunciado por el Gobierno nacional para los médicos en abril pasado todavía no se pagó. ¿Cuándo, si no ahora?

Doble problema

El problema es por partida doble. Por un lado, el Estado no sólo no se achica, sino que se agranda. Efectivamente, en la pandemia, el empleo privado perdió 400 mil puestos y recuperó 250 mil; el empleo informal perdió tres millones y se calcula que la mitad se recuperó.

En cambio, el sector público creció. “Hay casi 40 mil empleados públicos más y hoy son menos de seis millones de personas las que sostienen los 23 millones de cheques que todos los meses paga el Estado”, dice Abram. “No existe en ningún lado del mundo esa relación”, agrega.

El otro problema es que, para que el Estado no ajuste, el sector privado lo tiene que hacer por partida doble: debe pagar los impuestos y, a su vez, achicarse para sobrevivir con caída de actividad.

Es más, en los 18 meses de gestión de Alberto Fernández (15 con pandemia), se crearon o aumentaron 16 impuestos. “Encima, como al Estado, exprimiendo como lo hace, no le alcanza, entonces toma crédito en el mercado; y como el crédito es uno solo, lo toma todo el sector público y deja sin nada al sector privado”, agrega Abram.