Programa Acercar Derechos, otra herramienta contra la violencia

El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad pone en marcha una nueva iniciativa para acompañar con una abordaje integral a víctimas de violencia de género. Se trata del Programa Acercar Derechos que contará desde este viernes con 25 equipos interdisciplinarios –uno por cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–cuya función será brindar asistencia y respuestas integrales a mujeres y otras identidades que estén atravesando situaciones de violencia machista. El objetivo del Gobierno es llegar a 80 equipos en todo el país, explicó Josefina Kelly, secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, en diálogo con periodistas. Los equipos estarán conformados por profesionales de la abogacía, la psicología y el trabajo social, y también “facilitadores interculturales” para cuando lo requieran personas de pueblos originarios.

“No es superponer recursos ya existentes sino articular con distintas áreas. La idea es que la mujer no tenga que ir sola a una dependencia judicial o policial, y pensar con ella un abordaje integral del problema, además de resolver la vulneración de otros derechos”, precisó Laurana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género. Puntualmente, desde el nuevo programa se brindará “acompañamiento psicosocial” a víctimas de violencia de género además de facilitarle “el acceso a distintos programas y políticas del estado nacional y provincial”, explicó Malacalza. La iniciativa será presentada, según se informó oficialmente, este viernes en un acto a cargo del Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, lxs ministrxs de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, y de Justicia, Martín Soria, en el marco del sexto aniversario de la movilización histórica contra la violencia de género y los femicidios bajo la consigna “Ni Una Menos”.

–Las cifras de femicidio, según las estadísticas del Registro de la Corte Suprema, se mantiene más o menos estable en los últimos años: un femicidio cada 35 horas. En 2020 hubo 251 femicidios directos, casi la misma cantidad por la que se salió a marchar el 3 de junio de 2015. ¿Por qué no se logra bajar ese número a pesar de que las áreas involucradas tienen más presupuesto y hay más políticas públicas y un mayor compromiso del Gobierno para abordar el problema? –preguntó este diario.

–Si bien no hay aumento exponencial de los femicidios, los números son altísimos. Estamos analizando si el incremento que se dio en abril (que fue el mes pico con 27 casos) tuvo que ver con el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio –indicó Kelly.

–Teniendo en cuenta la dimensión estructural de las situaciones de violencia de género, es fundamental que se puedan sostener en el tiempo en el mediano y largo plazo la jerarquización de las políticas de género y de lucha contra la violencia de género a nivel nacional, provincial y municipal. Todavía solo alrededor del 30 por ciento de los municipios tienen áreas de género local. Por eso es una de las líneas más fuerte de este Ministerio impulsar con apoyo técnico y económico la creación de esas áreas, y brindarles recursos específicos como estos equipos interdisciplinarios para que acompañen la gestión que se vienen dando. Necesitamos que se sostengan en el tiempo políticas de prevención tendientes a fortalecer la Ley de Educación Sexual Integral, a deconstruir los estereotipos, que pongan en la agenda pública y política del Estado los debates y las políticas en torno a las formas de habitar las masculinidades y de relacionarnos entre los géneros. No van a dar resultado en la inmediatez. También es fundamental el trabajo de articulación por parte del Estado con los poderes judiciales. Es la primera vez que Argentina tiene lineamientos desde el Estado Nacional hacia las provincias de cómo tiene que ser un abordaje integral de las violencias, de cómo tienen que generarse espacios de articulación para prevenir los femicidios y asistir a los familiares de femicidios, es un trabajo de mediano plazo de articulación con los gobiernos provinciales y municipales –respondió Malacalza

El nuevo programa es una política de cercanía que “fortalece el acceso a los derechos y al sistema de justicia, desde una perspectiva interseccional e intercultural”, explicaron las funcionarias. Dependerá de Florencia Sotello, directora nacional de Fortalecimiento del Acceso a la Justicia en casos de violencia por motivos de género. Los equipos interdisciplinarios trabajarán “con las áreas de género provinciales y municipales y con los distintos poderes del Estado para brindar respuestas e intervenciones coordinadas y eficaces”.

Los equipos interdisciplinarios estarán distribuidos en todo el país. Tendrán una sede fija en todas las provincias en las capitales –salvo en Río Negro, donde funcionará en Bariloche– en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero tendrán movilidad para llegar a las zonas rurales, y podrán atender en espacios de instituciones públicas como oficinas de agencias estatales o escuelas y también en organizaciones sociales o barriales que acompañen a mujeres y LGBT+ en situación de violencia, o en sitios propuestos por las personas en situación de violencia cuando existan riesgos para su desplazamiento o no puedan acercarse por falta de medios económicos. 

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