Avanza en Diputados el proyecto de emergencia Covid y el oficialismo quiere convertirlo en ley

El Frente de Todos consiguió este jueves dictamen de comisiones para el proyecto de emergencia covid, que ahora buscará llevar al recinto para tratar de convertir en ley a pesar de las duras críticas de Juntos por el Cambio, donde criticaron la iniciativa por “inconstitucional” y por “concentra todo el poder en el presidente de la Nación” Alberto Fernández.

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, donde también recibió algunas modificaciones, se discutió en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Acción Social y Salud Pública donde se aprobó con 36 votos del Frente de Todos, más el de Eduardo Bucca, el presidente del Interbloque Federal. Los 32 representantes de Juntos por el Cambio rechazaron la propuesta y Graciela Camaño presentó un texto propio.

Las deliberaciones incluyeron quejas por la suspensión de las clases presenciales, nuevos cruces entre oficialistas y opositores, y también una llamativa frase de la diputada Camaño quien llamó a terminar con “el triste espectáculo de la política para ver, como se dice en la vulgaridad, quién es el que la tiene más larga”.

El proyecto, que establece un marco normativo sobre parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario para mitigar el impacto de la segunda ola de coronavirus, quedó habilitado para su tratamiento en el recinto y, tal como lo indicó el diputado oficialista Pablo Yedlin, el objetivo es incluirlo en la sesión de este jueves.

“Vamos a ver si lo podemos llevar hoy a la sesión”, remarcó el presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública en declaraciones a la prensa.

El apuro del oficialismo se explica porque el viernes vence el decreto de necesidad y urgencia (DNU) vigente que estableció nuevas restricciones para minimizar el impacto de la segunda ola de coronavirus.

Yedlin fue quien inició la defensa del proyecto en la discusión del plenario de comisiones. “Nos da una idea para tomar las decisiones de restricción. A mi manera de ver, la ley es respetuosa de los gobiernos locales. Todas las decisiones que se van a tomar a partir de la ley, las van a tomar los gobernadores, los intendentes, no hay en la delegación de facultades”, dijo el legislador del Frente de Todos.

Y agregó que se trata de un “proyecto de ley virtuoso”. “No delega facultades, ni superpoderes a nadie sino que pone en la decisión de cada uno de los gobernadores e intendentes la responsabilidad sobre la vida y la salud de los argentinos”, afirmó.

El radical Gustavo Menna fue el primero en plantear diferencias. Dijo que el proyecto “no es virtuoso”, como lo definió Yedlin, y alertó que “no es ninguna ley que le devuelve al parlamento el rol que le corresponde, sino todo lo contrario”.

“Es una entrega de un cheque en blanco al Poder Ejecutivo para que, bajo la invocación de la protección de la vida y de la salud pública en el marco de la pandemia del covid 19, el pueda adoptar cualquier tipo de medida, la que se le ocurra. Y esto es la ratificación de una senda por la que ha optado este gobierno desde el 10 de diciembre de 2019, antes de que existiera el covid, porque no nos podemos olvidar que esta administración debutó con la ley de 9 emergencias, que implicó una monumental delegación de atribuciones legislativas al Poder Ejecutivo y que dio lugar al ejercicio del gobierno por decreto”, criticó Menna.

En las deliberaciones se produjo un cruce entre la diputada Carmen Polledo, del bloque PRO, con Gabriela Cerrutti, del Frente de Todos. Fue cuando Polledo tildó como “discurso de barricada” a la presentación que realizó la representante del oficialismo por Entre Ríos, Ana Carolina Gaillard. Cerruti se quejó y, en medio de gritos cruzados, la dirigente del macrismo le contestó: “Yo estoy en el uso de la palabra y digo lo que quiero. A mi me parece un discurso de barricada”.

Luego del contrapunto que protagonizó con Cerrutti, Polledo consideró que el texto oficial forma parte de “una nueva escalada del gobierno nacional en su puja del poder contra la Ciudad de Buenos Aires, como respuesta al fallo de la Corte que reconoció la autonomía de la Ciudad, increíblemente desconocida por el gobierno nacional que tanto dice defender el federalismo aunque no lo practica”.

La diputada Camaño, que integra el Interbloque Federal, también expresó duros cuestionamientos contra la iniciativa del oficialismo, sobre todo, porque “es una ley contraria a la Constitución Nacional”.

“La Constitución es nuestra carta de navegación y debemos aferrarnos a ella en tiempos de calma y más aún en tiempos de tormenta, no dejándonos llevar por la punción de decidir al margen de lo que ella exige. De esta manera, la democracia saldrá fortalecida por su eficacia para gobernar la emergencia y no debilitada por el uso de un régimen excepcional ajeno a nuestra Constitución”, apeló.

La diputada por Buenos Aires llamó a no hacer un uso político de la crisis que instaló el coronavirus y alertó: “Vienen días más oscuros para la pandemia en la Argentina, no podemos seguir mirándonos el ombligo, no podemos seguir poniendo proyectos que sabemos que confrontan con nuestra Constitución y agraviándonos en forma personal. Tenemos que poder tener la inteligencia de transitar lo que viene de una manera más coordinada y en cooperación, son dos términos que faltaron en el mundo”.

“Cómo no vamos a poder buscar los acuerdos mínimos para que una sociedad dolorida y doliente deje de ver el triste espectáculo de la política para ver, como se dice en la vulgaridad, quién es el que la tiene más larga”, completó Camaño.

Otro momento de tensión se produjo cuando la diputada Silvia Lospennato, del bloque PRO, se quejó porque no se permitió que un grupo de padres expongan para quejarse por la suspensión de las clases. Sin embargo, la legisladora pudo leer una carta que le enviaron a los diputados para plantear su posición frente al cierre de las aulas.

La carta completa:

Señores diputados,

Somos madres y padres que venimos luchando desde hace meses para que las escuelas estén abiertas. Algo tan básico y que considerábamos indiscutible en nuestro país quedó en suspenso por la pandemia, el acceso a la educación para niños y adolescentes.

La pandemia, o más bien la respuesta que el gobierno ofreció ante una situación que afectó a toda la humanidad, se llevó todos los derechos fundamentales de nuestros hijos, porque el cierre de las escuelas no solo afectó su derecho a los aprendizajes académicos sino que desarticuló un entorno de socialización elemental para su constitución como sujetos autónomos y significó la desaparición de una ámbito clave de contención ante situaciones de violencia familiar y de abuso de todo tipo.

Imaginamos que nuestros representantes no desconocen esta situación, queremos creer que no la desconocían en marzo del año pasado cuando se puso en vigencia el primer decreto presidencial que resolvió la suspensión de clases presenciales. En ese momento, ciertamente se sabía poco del virus y en gran parte del mundo se tomó la decisión del cierre de escuelas bajo la presunción de que los niños eran vectores de contagio, los super propagadores.

Entonces, para preservar a los mayores se decidió encerrar a los niños, esa presunción no se constató de manera fehaciente y múltiples estudios mostraron que los niños no representan un papel relevante en la transmisión del covid 19. Ese es el consenso hoy, proclamado por la OMS, por las distintas agencias de salud europeas y recogido por organismos internacionales como Unicef.

Hay quienes objetan ese consenso y siguen mostrando estudios para justificar el cierre de escuelas como estrategia eficaz para frenar los contagios. Por supuesto, quienes sostienen ese argumento eluden por completo el impacto que esa decisión tiene sobre los más vulnerables, sobre niños y adolescentes que no tienen ninguna voz en esta discusión, tan solo la voz de sus padres.

Pero en un país donde 6 de cada 10 niños están por debajo de la línea de la pobreza, esa voz debería ser la de toda nuestra sociedad; esa voz que trascienda cualquier grieta y que reconozca que no podemos seguir ignorando el daño causando, el costo que están pagando aquellos que deberían contar con nuestra protección absoluta y permanente.

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