Reclamo para que los responsables del envío de armas a Bolivia sean juzgados

Una veintena de organizaciones de derechos humanos de Latinoamérica repudiaron el envío de material represivo por parte del gobierno de Cambiemos a Bolivia durante el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales en 2019. “Exigimos que ambos países asuman acciones a la brevedad, pidiendo la captura de Mauricio Macri y de todos los implicados en la planificación y consecución del golpe, para que sean juzgados adecuadamente”, dice el texto que suscribe la Liga Argentina por los Derechos Humanos junto con organismos de México, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Brasil, El Salvador, República Dominicana y Colombia.

“Por orden del gobierno macrista, más de 40 mil cartuchos de alto calibre, granadas y gases lacrimógenos fueron enviados ocultos en aviones Hércules” mientras se consumaba la destitución de Morales, recuerdan. “Las masacres de Senkata, Sacaba y el Pedregal, en las cuales decenas de compatriotas de la Patria Grande fueron asesinados, así como las represiones sistemáticas contra el pueblo boliviano, se llevaron adelante con el armamento conjunto y coordinado de las derechas de nuestros países, dirigidas por el imperialismo norteamericano”, destacan.

“Esto demuestra lo que venimos sosteniendo
cuando denunciamos a Luis Almagro y la Secretaría General de la OEA de ser
responsables de planificar, justificar y consolidar el golpe de Estado en
Bolivia”, añaden, y consideran que “un
nuevo Plan Cóndor se implementó en nuestra América para desmantelar los
gobiernos revolucionarios y progresistas de la región, y reprimir a las
mayorías que soñamos y construimos un mundo justo y una América unida”.

El documento destaca que el gobierno de Macri “coordinó su política con el
imperialismo, con el FMI y con las derechas latinoamericanas, destruyendo
Unasur y construyendo el golpista Grupo de Lima”, al mismo tiempo que “en la
Argentina aplicó el recetario económico neoliberal, ajustando la inversión
pública en educación, salud, vivienda, trabajo, a través de asesinatos, presas
y presos políticos y represiones callejeras, dejando una deuda externa
impagable y un tendal de empobrecidos, hambrientos y desamparados”.
Ante la denuncia del gobierno boliviano sobre el envío de material para
reprimir por parte de la gestión Cambiemos, consideran que “es imperioso ahora poner a disposición toda
la capacidad de los Estados y establecer mecanismos de colaboración conjunta
para investigar e impedir que estos crímenes contra la humanidad queden impunes”.

Suscriben
el documento la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Liga Boliviana por
los Derechos Humanos y la Liga Mexicana por la defensa de los Derechos Humanos;
de Perú, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), el Centro
de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Equidad), el Centro de derechos y
desarrollo (CEDAL) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH); de Chile, la
Corporación de promoción y defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y la
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP); de Ecuador, la Fundación
Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y la Comisión Ecuménica por
los Derechos Humanos; de Panamá, el Centro de capacitación social (CCS); la Comisión
de DDHH de El Salvador (CDHES); de Brasil, el Movimiento Nacional de Derechos
Humanos (MNDH) y Justiça Global; de República Dominicana, la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH-RD); de Colombia, la Fundación lazos de Dignidad
(FLD) y el Colectivo de Abogados (José Alvear Restrepo); la Coordinadora
Americana por los derechos de los pueblos; SOA (Observatorio de la Escuela de
las Américas) y Artistas Autoconvocados de Orán.

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