El Ministerio Público Fiscal porteño dictaminó a favor de seguir con las clases presenciales

Pese al fallo de la jueza Romina Tessone, quien resolvió que la Corte Suprema de Justicia debía ser la encargada de resolver el recurso de amparo que había presentado el Gobierno porteño en relación a la suspensión -por quince días- de las clases presenciales en el AMBA, la fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Karina Cichero,​ dictaminó a favor del pedido de dos organizaciones no gubernamentales para mantener las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora deberá resolver la Sala IV de Apelaciones porteña, que cuenta entre sus filas con Nieves Maquiavelli, hermana de Eduardo, funcionario del gobierno porteño.

El nuevo DNU del Gobierno Nacional publicado el último jueves estableció el cierre de aulas en todo AMBA por 15 días a partir del 19 de abril, como parte del paquete de medidas para controlar el avance del coronavirus. La ONG Abramos las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas, que nuclean a un pequeño grupo de padres y docentes, interpusieron la semana pasada dos amparos para solicitar la nulidad de los alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°241, al considerar que era «fundamental» priorizar el dictado de clases de forma presencial.  

Tras la presentación de las ONG, la Sala IV de Apelaciones porteña pidió la opinión de los fiscales: Cichero dictaminó a favor de permanecer con las clases presenciales Ahora deberán resolver los jueces.

El último fallo, a la carta del gobierno porteño, fue criticado por varios legisladores del Frente de Todos. «Varios amaparistas ‘aparecieron’ entre ayer y hoy para intentar cambiar la resolución de la Jueza Tesone en cuanto a que la Justicia de CABA no es competente sobre el DNU que suspende la presencialidad de las Clases en el AMBA», dijo Claudia Neira en su cuenta de Twitter. El mensaje fue retuiteado por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Neira concluye en su hilo: «Estos ‘amaparistas» buscan que se expida la Sala de turno que integra Nieves Maquiavelli, hermana de Eduardo, funcionario y armador nacional de Rodríguez Larreta. ¿Supongo que hará lo que corresponde y se excusará por el conflicto de intereses que tiene en este caso, no?».

Idas y vueltas

En una primer momento, el reclamo fue a parar al despacho del juez del fuero contencioso administrativo Marcelo Segón, quien consideró que no debía intervenir y pidió que todo sea enviado a su par Romina Tesone, que el viernes por la noche se declaró incompetente para resolver frente al amparo presentado por las Defensorías Oficiales en representación de los padres.

La magistrada explicó que como la Ciudad ya recurrió a la Corte, ahora se debe esperar la resolución del Máximo Tribunal.

Posteriormente, los camaristas Marcelo López Alfonsín, Nieves Macchiavelli y Laura Perugini, pidieron la opinión del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, dirigido por Juan Mahiques, quien fuera denunciado por aprietes a la jueza Ana María Figueroa. Fue entonces que el MPF expresó que «correspondería hacer lugar a la medida cautelar solicitada» y «disponer la continuidad de la educación presencial en los establecimientos educativos de la CABA a partir del próximo 19 de abril».

La prohibición del dictado de clases presenciales alcanza a 2.359 unidades educativas que agrupan a una población de 600.000 alumnos.

Otros recursos contra la suspensión de clases presenciales

Este viernes, minutos antes de que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, llegara a la Quinta de Olivos para reunirse con el presidente Alberto Fernández, el gobierno porteño presentó ante la Corte Suprema un pedido para que se declare inconstitucional el decreto que dispone la suspensión de clases presenciales en la Capital Federal. 

La administración de Juntos por el Cambio sostiene que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 241 viola la autonomía de la Ciudad e implica una virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación.

Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad con un alto tono confrontativo, en la que emparenta la decisión del Gobierno con una suerte de intervención federal del área metropolitana.

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