Estrés porteño

Mónica Suárez era docente en la escuela infantil número once y del Jardín de infantes número uno del distrito escolar 20 y es la quinta maestra que muere por contagio de la covid 19 desde que Horacio Rodríguez Larreta impuso clases presenciales en la CABA. Laura Alonso acusó de “militantes” a los padres que no enviaron sus hijos a la escuela, pero no hay que ser militante para tenerle miedo a los contagios de esta epidemia que se está llevando más de 500 vidas de argentinos por día. La falsa discusión “técnica” que quiso exponer el gobierno de CABA fue aplastada por la evidencia: la curva de contagios se estabilizó en un punto altísimo, con más de 25 mil personas infectadas por día, lo cual equivale a decir que dentro de 10 días puede haber otros cinco mil muertos.

Tampoco es militante el padre que envió los chicos a la escuela. Laura Alonso sí es militante del PRO y por eso dijo esas barbaridades. Es cierto que los chicos tienen necesidad de la escuela y de socializar con sus pares y que algunos lloran porque no pueden hacerlo. También es cierto que otras veces habrán llorado por lo contrario. Para eso están los adultos, para explicarles y no para usar esas situaciones en forma demagógica como hizo en las redes el activismo macrista.

Pero desde que empezó esta segunda ola de la pandemia hay una línea de conducta que mantiene Juntos por el Cambio, incluso desde sus voces menos extremistas. El ministro de Salud de la CABA, Fermán Quirós, trató de bajarle el precio a los primeros índices que mostraban un salto exponencial de los contagios. “Hacemos muchos más hisopados y eso nos da más contagios”. Pero le falló el diagnóstico y ahora CABA –que es el centro que irradia la epidemia hacia el resto del país– es el distrito con más contagios en relación con la cantidad de habitantes.

Su sistema de salud está colapsado. Las ambulancias con pacientes de Covid dan vueltas de hospital en hospital para encontrar cama vacante y otras se dirigen directamente a clínicas del conurbano. No es exagerada esta descripción.

Hay una línea de conducta que tiene extremos abyectos, como decir que el gobierno nacional infla las cifras de contagios y víctimas porque le interesa imponer medidas autoritarias. Hay malicia en ese comentario que hizo Nelson Castro al comienzo de la segunda ola de la pandemia. Nunca explicó cuál sería la ganancia de imponer esas restricciones para un gobierno democrático que mantiene su mayoría electoral. Con casi 500 muertos en promedio por día, y más de 25 mil contagios, todos los ciudadanos conocen a alguna de las víctimas y sienten muy cercana la amenaza.

En Pergamino, gobernado por Javier Martínez, alineado en el ala dura del PRO, se produjeron 25 muertos en 9 días, diez veces más que en épocas normales. La historia se repite: negacionismo y falta de control en la aplicación de las medidas que dispone el gobierno de la provincia.

La epidemia se impone sobre cualquier cálculo. No existe margen para la especulación porque ese proceso aclara aciertos y equivocaciones, y separa a responsables y a los inconscientes. No se puede discutir sobre la evidencia. Rodríguez Larreta eligió la presencia de los alumnos en las aulas para diferenciarse del oficialismo, que había planteado el reemplazo de las clases presenciales por clases virtuales. Y antes de ese conflicto había demostrado que no estaba dispuesto a controlar el cumplimiento de las restricciones que se venían anunciando. El resultado está a la vista.

En las decisiones de uno y otro lado pudo haber errores de evaluación porque el comportamiento del virus era desconocido y fue muy errático. Al principio se creyó que duraría cuatro cinco meses, como otras pandemias, pero ya va para dos años. De la misma manera se pensó que casi no afectaba a menores de 60 años sanos. Pero ahora la mayoría de las camas de terapia están saturadas por personas jóvenes y hasta se multiplicó la cantidad de niños infectados. Se hicieron acuerdos con laboratorios trasnacionales para la provisión de vacunas. Pero esos acuerdos fueron todos incumplidos por la incapacidad de satisfascer los millonarios requerimientos mundiales. (Muy oportuna la nota de Raúl Kollmann sobre los incumplimientos de Pfizer y la campaña de vacunación en Chile, donde solamente el diez por ciento fue con el antídoto de Black Rock tan promocionado por el macrismo).

En trazos gruesos, la experiencia que dejaron estos meses de pandemia es que el oficialismo sostiene una política de resguardos sanitarios frente a la oposición que busca limitarlos con un discurso en defensa de las libertades y el derecho a la educación. Es probable que en los dos casos haya habido errores de apreciación y excesos, uno en las restricciones y el otro en las aperturas.

A las restricciones se las podrá criticar por más o menos rigurosas, pero en cualquier caso limitan la circulación del virus. En cambio el aperturismo contribuyó al aumento de la cantidad de contagios y muertes. Si la epidemia hubiera durado cuatro meses y el gobierno hubiera mantenido las restricciones más tiempo, el discurso macrista se hubiera justificado. Como la pandemia se extendió en el tiempo, la permanencia del discurso aperturista se convirtió en cómplice del virus y la tragedia.

El gobierno nacional decidió mantener las restricciones que enunció en su DNU anterior, incluyendo el reemplazo de la educación presencial por clases virtuales. Seguramente para evitar la manipulación y la judicialización, Alberto Fernández anunció que convertirá el decreto en proyecto de ley. El gobierno de CABA denunció esa medida de precaución como un atentado al derecho a la educación. Suena a hipocresía en un gobierno para el que la educación nunca fue prioritaria. El presupuesto de la CABA es uno de los más importantes del país y al mismo tiempo uno de los que menos invierte en educación.

En el conflicto que se generó entre Nación y CABA, Larreta puso en evidencia la relación incestuosa que desplegó el macrismo con sectores del Poder Judicial. En tiempo récord logró que un tribunal porteño integrado por la hermana de uno de sus ministros y un ex dirigente radical cercano al operador judicial macrista, rechazara el DNU. Tiempo record con forum shopping: de viernes para sábado salteó dos jueces de primera instancia y de sábado para domingo consiguió el fallo del Tribunal adicto.

Con la velocidad de la luz apareció el dictamen del Procurador interino Eduardo Casal, un personaje instalado por el macrismo luego de desplazar con prácticas mafiosas a la procuradora Alejandra Gils Carbó. Dictaminó que el DNU es inconstitucional porque la medida “no está bien fundamentada”. Hay más de 25 mil contagios y días con más de 500 muertes y el procurador impresentable le hace los mandados a la fuerza política que lo llevó a ese puesto. La decisión de última instancia será de la Corte.

Los medios habían hecho circular versiones sobre un posible acuerdo y que las medidas que se anunciaron serían más permisivas con la educación presencial. Las corporaciones mediáticas se apresuraron a presentarlo como una derrota del gobierno nacional: Rodríguez Larreta participó de la consulta con los demás gobernadores; el gobierno cedería también en el tema educación, y además anunciaría nuevas tratativas con Pfizer, la otra cuestión que criticaba el macrismo.

La situación sanitaria empeoró porque no bajaron los contagios y el sistema de salud se saturó. Hay que profundizar las medidas sanitarias en vez de relajarlas. Sin embargo, Larreta se atrincheró en las decisiones judiciales que lo favorecieron y anunció que mantendrá la presencia en las aulas –sólo admitió un sistema dual para los secundarios– mientras las clínicas porteñas piden socorro al distrito bonaerense. Las medidas que anunció, en general constituyen la confirmación de las que ya estaban y sobre las que hizo poco para que se cumplieran. Ese fue el motivo real del malestar en el gobierno nacional. Como la agresividad de la pandemia no bajará –habrá una corrida de contagios hacia el conurbano y aumentarán las muertes en CABA– un fallo de la Corte a favor del DNU le ofrecería un puente de plata para un repliegue decoroso.