El primer paso para salir de la informalidad

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, presentaron un informe sobre los avances del Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular. Inscripción masiva en poco tiempo, alcance federal de una herramienta de Estado pensada como un primer paso para sacar de la informalidad a miles de trabajadores y el protagonismo de la mujer en la economía informal son las principales conclusiones del primer informe de implementación del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP), que entre julio de 2020 y febrero de este año recibió un total de 2.093.850 inscripciones. 

Mediante una videoconferencia, el informe fue presentado por Arroyo y Pérsico, junto al director nacional de Economía Social y Desarrollo Local, Pablo Chena, y la directora del Registro Nacional de Efectores, Sonia Lombardo.

El ministro explicó que “nuestro verdadero objetivo es recuperar una idea central: gobernar es generar trabajo. Para eso necesitamos cruzar a la economía popular con acceso a derechos y movilidad económica, siempre pensando que la mejor forma de reconstruir la Argentina es por el lado del trabajo y la producción”. 

“Nuestro principal objetivo es dar luz y blanquear un mundo de trabajo no registrado y el ReNaTEP es un inicio para eso; es una política que se ha trabajado de abajo hacia arriba, impulsada por las organizaciones sociales. Más de 4.5 millones trabajadores y trabajadoras hoy viven en esa oscuridad inventándose el trabajo todos los días por eso hay que construir derechos de otra forma y una manera de hacerlo es reconociéndolos”, remarcó luego Pérsico. “El ReNaTEP es una política que se ha trabajado de abajo hacia arriba, impulsada por las organizaciones sociales”, destacó y concluyó: “Hay que construir derechos de otra forma y una manera es reconociendo a las trabajadoras y los trabajadores de la economía social popular”.

Respecto de la distribución territorial de las inscripciones, el informe destaca que se concentran en la provincia de Buenos Aires alcanzando un 35,7 por ciento del total. Le siguen las provincias de Chaco con un 5,6, Tucumán con un 5,5 y Salta con un 5,2 de las inscripciones.

“El Registro es un gran paso en el reconocimiento de derechos de las y los trabajadores de este sector de todo el país”, explicó Arroyo a la vez que señaló la importancia de la inscripción porque abre la posibilidad de incorporarse al monotributo social, y de esa forma tener una factura para producir y vender y, al mismo tiempo, acceder a instrumentos de seguridad social. “Queremos avanzar también en el acceso a programas de capacitación y acompañamiento, a redes de comercialización y a la obtención de herramientas crediticias y de inclusión financiera”, dijo.

Sobre cuestiones de género, los datosconfirman las primeras apreciaciones que se habían hecho a través del monitoreo constante de esta política y también, la información surgida de los movimientos sociales que, entre otras cosas, marcaban que la economía informal tiene a la mujer como protagonista. El 57,1 por ciento de las inscripciones corresponde a mujeres, dato que se hace más importante aun cuando se mira la estadística de trabajadores registrados, donde son los hombres los que se llevan la mayoría. 

Además, dentro de este análisis se destaca también que esta mayoría femenina se incrementa en aquellas ramas de actividad y ocupaciones vinculadas a los cuidados. “Es decir que al interior de la economía popular registrada se reproduce la misma división sexual del trabajo que en el mercado laboral formal, ratificando la desigualdad de géneros que existe en la sociedad en su conjunto”, expresa el informe.

Otro dato que surge de la estadística es que la gran mayoría de los inscriptos son jóvenes y personas de mediana edad. El 34,8 por ciento están entre los 25 y 35 años; mientras que el 29,5 corresponde a los que tienen entre 18 y 24. Es decir que más de la mitad de los inscriptos corresponde a jóvenes que se les dificulta ingresar al mercado formal del trabajo por la falta de oportunidades lo que deriva en trabajos en condiciones de gran precariedad e informalidad. 

“En términos educativos se observa que la mayoría no ha podido culminar los estudios obligatorios, es decir no tiene completado el nivel secundario, establecido por ley como obligatorio para toda la población”, agrega el informe. 

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