En el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual, presentan un proyecto de ley de reparación para Personas Mayores Travestis y Trans

En el Día Internacional de lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, presentan un proyecto de ley de reparación para Personas Mayores travestis y trans en la Cámara de Diputados.

La iniciativa es impulsada por la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina junto a la Diputada Nacional por Córdoba, Gabriela Estévez.

“El proyecto reconoce que los Derechos Humanos del colectivo travesti trans han sido sistemáticamente vulnerados en nuestro país, a raíz de lo cual crea una nueva prestación social denominada Pensión Reparatoria para Personas Mayores Travestis y Trans con el objetivo de garantizarle a todas las personas travestis y trans una vejez digna”, explicaron a través de un comunicado.

La prestación consiste en una pensión que será abonada mensualmente y cuyo monto no podrá ser inferior al de la Pensión Universal para Adultos Mayores (actualmente es de $16.456,80). En el proyecto de ley proponen que la pensión tendrá carácter vitalicio, estando abierto el periodo de inscripción por 10 años, pudiendo el Poder Ejecutivo prorrogarlo si lo considera necesario.

Las personas titulares de este derecho serán todas las personas travestis y trans – hayan o no realizado la rectificación registral del Acta de Nacimiento y DNI – que tengan 40 años o más de edad. En el caso de los/as ciudadanos/as extranjeros/as se deberá acreditar una residencia mínima de 2 años. En el caso de las personas travestis y trans que no hayan realizado la rectificación registral, deberán acreditar que se encuentran al amparo de la Ley de Identidad de Género mediante declaración jurada.

La iniciativa es un homenaje a Lucía Torres Mansilla, más conocida como La Loba, una activista trans de la localidad de Paraná, Entre Ríos, que fue víctima de un transfemicidio en 2019.

“El proyecto viene a profundizar el proceso de reconocimiento e inclusión del colectivo travesti trans que iniciamos con la ley de identidad de género en 2012 y que continuamos con los decretos de cupo e inclusión laboral el año pasado”, afirmó Estevez en un comunicado.

“Sabemos que la reparación nunca será total, porque los días de encierro no serán recuperados, porque las cicatrices físicas y espirituales de tanto atropello no sanarán por fuerza de ley. Pero al menos, el reconocimiento de la violación de los Derechos Humanos de este colectivo terminará con la invisibilización de una parte importante de nuestra historia y su inclusión en la seguridad social garantizará condiciones materiales mínimas para una vejez travesti y trans más digna”, agregó la diputada del Frente de Todos.

“El Estado tiene el deber de incluir en la seguridad social a todes les compañeres travestis y trans a quienes se les negó el acceso al trabajo, la salud, la educación y la vivienda a lo largo de sus vidas. Unas vidas marcadas por la discriminación y la violencia institucional. La reparación es una demanda urgente de nuestro movimiento para con todes les compañeres sobrevivientes que siguen mayoritariamente sin protección social”, comentó Karin Tuma, activista de Devenir Diverse y Secretaria de Identidades Travestis, Trans y No Binaries de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias.

Por su parte, Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans Argentina y de la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, explicó: “El Estado tiene que estar presente para reparar e incluir allí donde más se lo necesita. Las personas travestis y trans llegamos a la vejez más empobrecidas y con un mayor deterioro físico y emocional que las personas mayores cis, como consecuencia de la vulneración sistemática de nuestros derechos fundamentales a lo largo de nuestra vida. Por ello consideramos necesario y urgente que exista una política pública concreta de inclusión de las personas travestis y trans mayores en el sistema de seguridad social”.

Más acerca del proyecto

La prestación será incompatible con todo tipo de jubilación, pensión, retiro o prestación, de carácter contributivo o no contributivo, con la excepción de los beneficios para víctimas del terrorismo de Estado y para ex combatientes de Malvinas. En caso de incompatibilidad la persona beneficiaria podrá optar qué prestación percibir. También es incompatible con el empleo público y con la propiedad de más de 1 vivienda.

La autoridad de aplicación deberá capacitar a su personal para garantizar el trato digno, ofrecer atención personalizada y acompañamiento, difundir la nueva prestación, articular con las organizaciones y suscribir todos los convenios pertinentes para facilitar la accesibilidad.

Desde el espacio de Estévez indicaron que el proyecto se fundamenta en una serie de principios y derechos reconocidos por nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritos por nuestro país. En particular, los principios de igualdad y no discriminación, y los derechos a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado, así como a la reparación por la violación de sus Derechos Humanos. Estos principios y derechos se encuentran especialmente contemplados y protegidos en los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos de las personas LGBTI+ y de las personas mayores, atendiendo a su particular situación de vulnerabilidad.

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