Un informe de la ONU resalta las políticas públicas argentinas en cuestiones de género

Tomar decisiones sobre el propio cuerpo todavía es un imposible para la mitad de las mujeres en el mundo. La autonomía corporal, que incluye entre otras cuestiones la posibilidad de no ser víctima de violencia sexual, elegir cuando ser madre o qué anticonceptivos usar, es el eje del último informe Estado de Población Mundial del Fondo de Población para las Naciones Unidas (UNFPA). El informe se presentó en Argentina no solo debido a la reciente sanción de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Plan de los 1000 días, sino porque el país es uno de los referentes en la región en el desarrollo de políticas de salud sexual y reproductiva, y cuenta desde 2019 con el impulso del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.

UNFPA remarcó que en los últimos años Argentina logró reducir la tasa de Fecundidad en la Adolescencia. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, la tasa de fecundidad en adolescentes entre 15 y 19 años pasó de 62,5 por mil en 2015, 49,2 por mil en 2018 y a 40,7 por mil en 2019. Este fenómeno puede atribuirse a diversos factores, pero sin duda la implementación de políticas públicas sostenidas en el tiempo son una de las claves. El Programa de Educación Sexual Integral creado en 2008, aun teniendo grandes desafíos a nivel territorial ha avanzado en garantizar el acceso a información para la toma de decisiones. El Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y el más reciente Plan de Prevención del embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), han sido políticas de estado que han demostrado un impacto en sus intervenciones. Al mismo tiempo, para el organismo, la pandemia por COVID-19 y las medidas de respuesta plantean nuevos desafíos en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.

¿Qué habría que hacer para impedir el declive inminente del acceso a derechos, ante un panorama global de pandemia más largo de lo que creíamos? Consultada por Pagina/12, Mariana Isasi, Oficial de Enlace de UNFPA Argentina, explicó que una de las primeras medidas que se han recomendado a nivel global es que se declare a los servicios de salud sexual y salud reproductiva como esenciales y la Argentina lo hizo apenas comenzadas las medidas de aislamiento social y preventivo por el COVID19. “Sin embargo, sabemos que hay algunos servicios que restringieron su atención. A su vez, muchas personas han decidido no acudir a los centros de salud por precaución, lo cual les ha impedido acceder a los métodos anticonceptivos y controles importantes. En este sentido, que los servicios permanezcan abiertos y poder acercarlos aún más a las personas, es otra de las propuestas, para que las personas no tengan que trasladarse lejos de sus hogares: descentralizar lo más posible. En algunos lugares del mundo han instrumentado delivery de anticonceptivos, por ejemplo”, comentó.

Por otra parte, según la experta, un problema para Argentina es que el 81% de las usuarias de métodos elige los de corta duración (anticonceptivos orales, preservativos, inyectables mensuales), mientras que el promedio regional es de 57%. “Esto genera la necesidad de tener que estar en contacto periódicamente con los centros de salud o las farmacias para poder acceder, lo cual en el contexto actual se complicó aún más. Pero existen otras opciones, como son el implante subdérmico y el DIU que cubren por años, lo cual permite que las personas no necesiten ir a los centros de salud por este motivo”, dijo.

En ese sentido están recomendando a los Estados que aumenten sus compras de métodos anticonceptivos y difundan su disponibilidad. “Es muy probable que haya un traslado de usuarias del sector privado al sector público. Un estudio realizado por UNFPA durante 2020, muestra que en Argentina un millón de mujeres estarían dejando de acceder a métodos anticonceptivos: un 65% discontinuará su uso por verse afectados sus ingresos familiares y el 35% por dificultades para obtenerlos en los servicios públicos de salud, ya sea porque estos no funcionan, porque quedan desabastecidos o porque registran una disminución en la demanda por temor al contagio”, señaló.

-¿Cómo impactó y seguirá impactando la reciente sanción de la ley de IVE en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las argentinas, y también en otros países?

-Junto con el acceso a la educación sexual integral, la consejería en salud sexual y reproductiva de calidad y el acceso a métodos anticonceptivos, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo constituye una pieza clave en la garantía de la autonomía corporal de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Poder decidir la interrupción voluntaria del embarazo sin tener que dar mayores explicaciones y sin miedo a ser denunciada, incriminada, es un gran avance en la autonomía corporal. Sin embargo, sabemos que desde la aprobación de la ley a la efectiva implementación, hay un largo trecho. En eso estamos trabajando con el Ministerio de Salud de la Nación, en la creación e implementación de una política pública que permita acceder a este derecho a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar. Sin duda en este momento Argentina es uno de los países que lidera la agenda de los derechos sexuales y reproductivos de la Región. Quisiera creer que puede haber un efecto contagio con otros países, pero la verdad es que no creo que sea tan lineal. Sin embargo, da esperanzas concretas para seguir abogando, teniendo un caso más en el que valió la pena.

-El informe plantea que la autonomía requiere de cambios en la actitud de los varones y que esto también beneficiará su salud, ya que baja las tasas de mortalidad, depresión y reduce un 40 por ciento el riesgo de morir violentamente. ¿Qué están haciendo los países para modificar estas conductas?

-Si bien nuestro país es uno de los pioneros, el tema de las masculinidades ya forma parte también en otros países como uno de los temas en la agenda por la igualdad, en particular en relación con la prevención y erradicación de las violencias por razones de género. Para UNFPA constituye uno de los ejes de trabajo para la erradicación de las violencias, pero también para que los varones puedan tener vidas plenas. En particular lo estamos trabajando en el marco de la Iniciativa Spotlight, una alianza entre el sistema de las Naciones Unidas y la Unión Europea, que en América Latina se está llevando a cabo en Argentina, El Salvador, Honduras, México y Ecuador. Durante mucho tiempo la respuesta a las violencias por razones de género estuvo exclusivamente centrada en las mujeres y en las acciones punitivas hacia los varones. Poder pensar un nuevo enfoque que incluya a los varones, es fundamental para promover el cambio cultural que necesitamos.

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