Un fiscal uruguayo ya analiza el pedido de extradición de Pepín Rodríguez Simón

El análisis del pedido de detención y extradición de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón avanza en la Justicia uruguaya. El fiscal de Delitos Económicos y Complejos Ricardo Lackner será quien deba examinar los pedidos que cursó la jueza María Servini, que quiere indagar al exasesor de Mauricio Macri en el marco de la investigación por los aprietes a los dueños del Grupo Indalo.

Lackner ya se hizo con el expediente, que analizará en los próximos días. Según voceros judiciales uruguayos, el análisis demorará algún tiempo, por lo que estimaban que era posible que la jueza de Crimen Organizado Adriana Chamsarian se pronunciara sobre el planteo de refugio que hizo Rodríguez Simón incluso antes de que dictaminara el fiscal.

El lunes 17 pasado, Pepín anunció que había formulado un pedido de refugio ante las autoridades uruguayas, denunciando una «persecución por haber intentado cobrarles impuestos» a Cristóbal López y sus socios. Ese mismo argumento repitió Macri para defender a uno de sus asesores judiciales estrella.

En Uruguay, la Comisión de Refugiados (CORE) es la responsable de evaluar los pedidos de refugio usualmente. La CORE está integrada por dos representantes del Poder Ejecutivo (uno por la Cancillería uruguaya y otro por la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior), uno del Poder Legislativo, uno de la Universidad de la República, dos ONG y está invitado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) a todas las reuniones, en las que tiene voz pero no voto.

Sin embargo, la ley uruguaya establece que, en caso de existir un pedido de extradición –como se da en el caso de Rodríguez Simón– excepcionalmente el trámite queda en manos del juez o de la jueza. El magistrado en cuestión debe escuchar a la CORE y resolver primero si se concede o no el refugio para después pronunciarse sobre la extradición.

El trámite puede llevar su tiempo. Sin embargo, el embajador argentino en Montevideo, Alberto Iribarne, recibió una buena señal por parte del ministro de Educación uruguayo Pablo da Silveira, quien le informó a principios de esta semana que no habrá dilaciones en el análisis del caso de Rodríguez Simón.

Pepín viajó a Uruguay en diciembre pasado cuando ya estaba siendo investigado hacía tiempo por la jueza Servini por su intervención en el hostigamiento y ahogo financiero a los propietarios del Grupo Indalo. Cuando la jueza prohibió su salida del país y lo convocó a indagatoria, Rodríguez Simón informó que volvería el 15 de mayo. Mintió. A los dos días informó públicamente que había comenzado los trámites para pedir el refugio en Uruguay.

La decisión de no regresar al país de Rodríguez Simón se informó el mismo día en que se incorporó al expediente un extenso entrecruzamiento de llamadas hecho por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCO). En ese informe, Rodríguez Simón aparece como un nexo entre el gobierno de Macri y el Grupo Indalo. Macri se opuso insistentemente a ese entrecruzamiento y, tras una decisión adversa en la Cámara Federal de Casación, llevó el tema a la Corte Suprema.

La jueza María Servini tenía previsto indagar a Pepín Rodríguez Simón el 17 de junio próximo. Antes, el 9 de junio, indagará al extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Alberto Abad. Para el 10, citó a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, que fue víctima del asedio de la mesa judicial macrista, que comandaba justamente Rodríguez Simón.

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