La Justicia de Uruguay resolvió suspender el pedido de extradición de Fabián «Pepín» Rodríguez Simón

Mientras sigue en estudio el pedido de Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, para que Uruguay le otorgue protección como refugiado por supuestas razones políticas, la jueza Adriana Chamsarián dejó en suspenso el proceso de extradición, le ordenó entregar su pasaporte y le prohibió salir del país vecino. Como es lógico, si le llegaran a dar el asilo no será extraditado, pero si se lo rechazan podría ser enviado vuelta a la Argentina para que enfrente el juicio por amenazas y extorsiones a los accionistas del Grupo Indalo, dueño de C5N y Radio10. Aunque la resolución de la magistrada especialista en Crimen Organizado de Montevideo no dice nada sobre la orden de detención que la jueza María Servini envió junto con el del extradición, por ahora «Pepín», personaje clave de las operaciones judiciales del macrismo, seguirá el trámite en libertad y tendrá que fijar un domicilio. Interpol hasta ahora tampoco dio curso a la orden de captura y la emisión de una alerta roja.

El operador judicial de Mauricio Macri se presentó este jueves en el juzgado de Chamsarián, quien le informó oficialmente sobre el pedido de detención y extradición. En la audiencia, que empezó a las 14.45 y fue breve, estuvieron –además de la jueza– por la Fiscalía Delitos Económicos y Complejos, Ricardo Lackner y Daniela Ramos, mientras que Rodríguez Simón fue con sus abogados Eduardo Sanguinetti y Rodrigo Rey. La decisión sobre el pedido de protección podrá ser tomada por la propia jueza, según marca la Ley de Refugiados del país vecino, aunque previamente recibirá un informe de la Comisión de Refugiados (CORE), que tiene un plazo de noventa días para expedirse. La presentación del exasesor de Macri ante ese órgano fue el 6 de mayo.

Por lo pronto, la defensa de Rodríguez Simón insistió en la teoría de que es un perseguido político y que peligran su libertad e integridad física, que son requisitos para poder conseguir refugio. En el expediente que tramita en Comodoro Py no había ninguna señal que hiciera pensar que podría ser detenido, ni él ni ningún otro imputado, entre quienes se encuentra Macri. Algunos exfuncionarios de AFIP declararon como sospechosos esta semana, sin poner reparos. «Pepín» no pidió tampoco la eximición de prisión, que es lo que se hace un imputado que cree que está todo dado para que lo priven de la libertad.

Ante Chamsarián, Rodríguez Simón rechazó ser extraditado. En función de esto y por «estar en trámite la solicitud de condición jurídica de refugiado», la jueza resolvió «suspender el presente proceso de extradición del Sr. FRS hasta resolución firme sobre la cuestión previa invocada de su calidad de refugiado», según dice el documento al que accedió Página/12. Además aclara que el fiscal no se opone y que se siguen lo dispuesto en la ley de Refugiados y los tratados internacionales. Con eso, agrega, «se impone al imputado las siguientes obligaciones: 1) constituir domicilio en el país, 2) entregar los pasaportes que pueda tener en su poder 3) disponer el cierre de fronteras oficiándose en carácter de urgente». Para todo eso le da 24 horas.

La defensa de «Pepín», según había anunciado él mismo y ahora informan también medios uruguayos, presentó ante el juzgado y la CORE tres informes de jurista de ese país que justificarían el pedido de refugio: Dadier Opertti, abogado, excanciller y exministro del Interior del Partido Colorado; Martín Risso, un especialista en derecho constitucional, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica; y Gonzalo Fernández, excanciller, exministro de Defensa y exsecretario de Presidencia en el gobierno de Tabaré Vázquez. Algunos de los argumentos planteados hablan de una «presión mediática y oficial» que «afectan el debido proceso» y pondrían al actual parlamentario del Mercosur en riesgo.

Lo cierto es que la jueza María Servini recién emitió una orden de detención y una declaración de rebeldía cuando Rodríguez Simón anunció públicamente que no vendría a la indagatoria, pese a que antes había consignado en la causa que tenía un pasaje para volver el 15 de mayo, once días antes de su cita judicial. Al pedir la extradición, la jueza subrayó que no hay ninguna persecución ni delitos políticos en juego. A la vez estas circunstancias fueron las que llevaron a que se hablara de él en los medios, incluso porque eligió un canal de televisión afín para decir que era un perseguido. Eso fue justo cuando el juzgado recibió un informe con un análisis del entrecruzamiento de los llamados telefónicos de «Pepín» y los demás imputados: entre ellos Macri, el ex jefe de asesores José Torello, el ex vicejefe de gabinete, Mario Quintana, los ex titulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli, segundas líneas y empresarios como Nicolás Caputo, Ignacio Rosner y Orlando Terranova.

El gobierno de Luis Lacalle Pou ya había dado señales de que no tiene ninguna intención de obstaculizar o estirar el trámite de la extradición. La CORE tiene representantes de Cancillería, del poder legislativo, universidades, poder legislativo y del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La última palabra sobre el refugio y la extradición la tendría el juzgado. 

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