La pobreza en la ciudad de Buenos Aires llegó al 27 por ciento

La pobreza en la ciudad de Buenos Aires abarca al 27 por ciento de la población y al 20 por ciento de los hogares, según revela un informe del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM). Matías Barroetaveña, director del organismo, sentenció: “A las desigualdades territoriales, de género, educativas, sanitarias y laborales, entre otras, se suma un Estado local que en vez de construir igualdad de oportunidades, las amplifica».

En el último año hubo un incremento de las personas y hogares que son pobres, de 3,6 por ciento y 2,5 respectivamente. La brecha socioeconómica se amplió en los años del macrismo en la ciudad, en un marco de magros presupuestos y con subejecución, como también detalla el documento.

El informe apunta que la pandemia de coronavirus ha profundizado tendencias negativas que se arrastraban de los últimos años. «Entre ellas, una pobreza e indigencia en crecimiento desde 2017, una inflación creciente y una notable caída del salario real en los mismos años», se lee en el trabajo.

“Las políticas del gobierno de la Ciudad han sido insuficientes para enfrentar la desigualdad que se ha profundizado y afecta a la población más pobre. Esto se ve claramente en el caso del acceso a las clases virtuales ya que no ha habido políticas tendientes a garantizar iguales condiciones de acceso a computadoras y a Internet para los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad», afirmó Darío Romano, coordinador del área de Trabajo y Producción del CEM. 

«Desde el punto de vista territorial continúa expandiéndose la brecha de desigualdad entre el norte y sur de la ciudad, especialmente desde el 2018 en adelante. No existe un gobierno local presente que redistribuya la enorme riqueza que produce la ciudad», añadió sobre las desigualdades sociales, económicas, educativas, de vivienda y salud, entre otras, que se registran en el distrito.

Los datos del informe

Algunos grupos resultan más perjudicados, remarcó el diputado Barroetaveña. En los hogares encabezados por mujeres la incidencia de la pobreza es de 21,1 por ciento, mientras que en los encabezados por varones es de 18,4. La desigualdad, que se grafica en el cada vez más postergado sur de la Ciudad, se ve en el hecho de que los hogares del decil más rico perciben 8,3 veces más ingresos que los del decil más pobre. Esa brecha se amplió en los últimos años. 

En relación al empleo, las mujeres cobran en promedio salarios que son un 13 por ciento más bajos que los que perciben los varones. A su vez, los jóvenes entre 18 y 30 años cobran un 39 por ciento menos que los adultos de entre 31 y 65 años. Si se desagrega por género, zona y edad, resulta que las más desfavorecidas son las mujeres jóvenes de la zona sur, y quienes más se benefician son los varones adultos del norte. 

En relación a la conectividad, el informe muestra que el 12 por ciento de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar carecen de computadora en su casa. El número es más alto entre los pobres: 27,3 por ciento en los barrios del sur y 43,8 en las villas.

En este marco, Barroetaveña destacó la subejecución en áreas como Desarrollo Social, Vivienda y Educación. En el primer trimestre de 2021, el Programa Ciudadanía Porteña, que asiste a familias vulnerables, apenas ejecutó en el primer trimestre el 14 por ciento de lo estipulado para este año. Ese programa depende del Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat, cuya ejecución en el mismo período ha sido del 11 por ciento.

El Ministerio de Educación, en el marco crítico que supone el regreso a clases presenciales en un contexto de pandemia, sólo ha ejecutado el 20 por ciento del presupuesto. Este porcentaje desciende al 15 cuando se observa el monto destinado al área de “infraestructura escolar”.

Barroetaveña consideró que «la visibilidad que estas desigualdades alcanzaron en la pandemia deben servir para revertir esta situación y construir un Estado con políticas activas que atiendan la emergencia a la vez que planifiquen a largo plazo con una sociedad porteña más homogénea con una base común de protección social”.

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