Soberanía, del Paraná al INTA

Aquietadas las aguas –lo que es un decir, visto el derrumbe en la costanera rosarina, producto de la terrible bajante del Paraná– es indudable que el reclamo de soberanía y el esclarecimiento de la ocultada privatización del río ahora parece haber entrado en un cono de sombra natural, aderezado, desde luego, por las candidaturas anunciadas que una vez más enhebran sueños, esperanzas y desilusiones.

Lo cierto es que, elecciones aparte y a mediano plazo, el decreto 427/2021 vino a poner, de hecho, un paño frío para la caliente cuestión de la soberanía sobre el río Paraná, pero su vigencia confesa será de solo un año, que en la política argentina es nada. Y como en su texto este decreto se denuncia solo –siete veces está en el texto la palabra «concesión», sobrevolada por el también confeso vocablo «licitación»– puede afirmarse que esta cuestión no ha terminado ni ahí. Como siempre sucede cuando está en juego la soberanía, materia en la que el reclamo nacional por las Islas Malvinas es ejemplar.

Como también puede serlo otra cuestión que empieza a calentar motores en estos días. Y es que así como nuestro río fue abusado por transnacionales extranjeras en asociación con entidades dizque «rurales» que son la expresión más cabal de la injusticia en la Argentina –latifundios ocultados, fuga de divisas, elusiones impositivas, racismo, hiperexplotación y servilismo al feroz poder que hoy gobierna al planeta– hoy uno de los mejores instrumentos que tenía nuestra república –el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)– parece también haber sido cooptado y está en muy serio peligro de desnaturalización.

Lo asombroso esta semana fue que una productora entrerriana lanzó una pequeña campaña para que no se expropien tierras del INTA, afirmando que «es una maravilla tener los campos experimentales cerca de la ciudad». Lo que es una transparente verdad, más allá de lo asombroso que es que lo diga una productora de raigambre derechista a quien varios consultados consideran una «mano derecha» del ex ministro macrista Luis Etchevehere. Su nombre es María Teresa Cavoti y es productora de nueces pecan desde hace una década, cuando inició su producción en línea con estudios del INTA, que desde inicios de siglo investigaba este cultivo.

Su posición es absolutamente correcta, aunque va en contra de todo lo postulado por la derecha agraria. Por eso defender el rol del INTA en contra de la pérdida de terrenos históricos en sus diferentes estaciones, es ya un imperativo porque primero en Salta el macrismo loteó y vendió tierras a privados, y luego vendió tierras del Ejército en Ordóñez, Córdoba, y en otros territorios, de igual modo que ahora en Catamarca parecen estar en marcha proyectos de desmantelamiento de la histórica y argentinísima institución agraria. Y es particularmente grave el hecho de que hace muy poco el Senado de la Nación aprobó esta última expropiación, presentada por el senador Dalmacio Mera (catamarqueño y ex vicegobernador entre 2011 y 2015) y sobre todo que el proyecto fue votado, insólita e inexplicablemente, por unanimidad, con todo lo que eso implica.

Y para asombro generalizado, además, porque esta expropiación –en claro perjuicio del INTA y de los bienes agrarios de la nación– ha unido ahora a todos los que apoyaban la expropiación a Vicentin con todos los que entonces se oponían.

Por su parte, el reconocido experto agrario que es Pedro Peretti, contó a esta columna que en Máximo Paz (Provincia de Santa Fe) «se armó un proyecto demostrativo de cómo debe trabajarse en la práctica para hacer agroecología, y había despertado mucho interés en los ministerios de Ciencia y Técnica y Medio Ambiente. Se trataba de enseñar cómo se siembra y se cultiva en forma sana». Esa política es desvirtuada ahora totalmente, porque además desvirtúa los principios y el sentido mismo del INTA, fundado en 1956 con el objetivo autodefinido de ser «un organismo estatal de investigación agropecuaria, descentralizado y con autarquía financiera​ y operativa, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y cuyos orígenes se remontan a 1871 (presidencia de Sarmiento) y 1898 (la de Roca).

Distorsión, además, que provoca algo más paradójico aún: es increíble que el Estado Argentino no pueda comprar tierras, y que, al contrario, las tenga que vender. O sea privatizar. Y aquí hay que ser claros: la idea de que hay tierras públicas ociosas es un mito. Son pocas y muy pequeñas las tierras del organismo que están improductivas: son de 70 u 80 hectáreas a lo sumo, y alguna de 400, de las que se saben y algunas están en manos del Ejército. Pero son completamente irrelevantes si se recuerda que la Argentina siembra hoy unas 38.700.000 hectáreas».

El problema es una vez más político, y como en el caso del Paraná también venía silenciado: hoy casi no se habla de que el INTA está manejado, en los hechos, por las cuatro entidades de la ya incalificable «Mesa de enlace», o sea la Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) que supuestamente agrupa al sector cooperativo agrario.

Y es por eso que, como señalan Peretti y otros productores de Chaco y Santa Fe, «en el INTA no hay representación de la agricultura familiar campesina e indígena, ni de los pueblos originarios, ni tampoco hay representación específica de las cooperativas, ni mucho menos paridad de género».

Quizás por eso, y para completar el minué de confusiones, un comunicado «denunciando» el «vaciamiento» del INTA acaba de ser emitido por la FAA con la firma de su vicepresidente, Elvio Guía, quien no es productor agropecuario pero sí es vox populi que fue colocado allí por el mencionado senador De Ángeli. O sea que mientras el senador vota la expropiación al INTA catamarqueño, su hombre en la Federación Agraria se opone públicamente. Con lo que parece obvio que las danzas que se bailan en el agro argentino evocan coreografías de los Hermanos Marx, obviamente los de Groucho.

La realidad del INTA hoy, en fin –y habrá que estar alertas a esta nueva posible pérdida de soberanía territorial– es que el instituto también está manejado por la mesa de enlace y nadie sabe qué sucederá después de las elecciones. Por el momento la presidenta del organismo, Susana Mirassou, parecería estar sobrepasada. Es de esperar que el ministro Luis Basterra intervenga correctamente, como lo hizo en el Instituto de la Yerbamate (INYM).

En todo caso, coinciden expertos consultados para esta columna, lo que debe hacer el INTA es, en lugar de achicar su tenencia de tierras, comprar más campos. Y los campos que actualmente tiene, los que le quedan y sobre todo si están cerca de las ciudades, debe dedicarlos a proyectos agroecológicos, educativos o de extensión cultural mediante comodatos y no cediendo propiedad.

Y ya es hora de que los gobiernos, desde la Capital Federal, cambien la concepción centralista y ciega respecto del interior profundo y exijan a los funcionarios y técnicos que contrata que se radiquen en los centros poblados más cercanos, lo que se llama arraigo y consolida territorio, vida y crecimiento de las poblaciones. 

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