Costanera Sur: vía libre para que el macrismo vote el proyecto privatizador

La Justicia porteña revocó el fallo que ordenaba detener el trámite legislativo del convenio entre el Grupo IRSA y el Gobierno de la Ciudad para construir un barrio de torres de lujo en Costanera Sur. De esta manera, el oficialismo tiene el camino judicial allanado para votar el proyecto en la Legislatura. La medida precautelar dictada por el juez Guillermo Scheibler impedía avanzar con el debate hasta tanto se presentara en audiencia pública el estudio de impacto ambiental, pero ahora el juez Luis Ammirato consideró que esa audiencia se puede realizar luego de la primera votación, en el marco del proceso de doble lectura. Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), organización que presentó el amparo que derivó en la precautelar, informaron a este diario que ya apelaron el fallo y advirtieron que la decisión no permite «que la ciudadanía tenga la oportunidad de pronunciarse en reiteradas oportunidades sobre un megaproyecto inmobiliario en plena costanera».

El juez Ammirato, del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N°10, tomó la causa luego de levantada la feria judicial y debía decidir si la precautelar dictada por Scheibler se transformaba en cautelar: de ser así, el tratamiento legislativo del proyecto se mantendría suspendido a instancias judiciales. En su fallo, Scheibler había definido que, para que el proyecto pudiera avanzar, se debía presentar el estudio de impacto ambiental en audiencia pública antes del tratamiento legislativo, tal como lo define la Ley N° 123 de «Evaluación de Impacto Ambiental». Sin embargo, Ammirato consideró que ese tratamiento recién termina con la segunda votación establecida por el proceso de doble lectura –incluye una audiencia pública en el medio de las dos votaciones– y con ese argumento no otorgó la cautelar.

«El tratamiento legislativo no se completa hasta la segunda lectura del proyecto y esta es posterior a la audiencia pública, circunstancia que cumpliría el recaudo de que la audiencia sea anterior al tratamiento legislativo», señaló Ammirato, quien agregó que la Legislatura puede «concentrar eventualmente en un mismo acto» las dos audiencias. Es decir que puede avanzar en la primera aprobación del proyecto y luego realizar la audiencia pública tal como sucedió, por ejemplo, en el caso de la Ley de Rezonificación del predio de Costa Salguero. Para el juez, considerar que se deben realizar las dos audiencias, «resultaría una lectura antifuncional e irrazonable de las normas aplicables».

Sin embargo, desde el ODC advierten que las dos audiencias constituyen mecanismos diferentes, y que la primera de ellas debe realizarse sí o sí antes del debate en el recinto para que la ciudadanía esté informada del impacto ambiental de un proyecto que planea, ni más ni menos, construir un barrio de torres de lujo en zona de humedales. «Sin brindar ningún argumento, el juez considera antifuncional e irrazonable que la ciudadanía tenga la oportunidad de pronunciarse en reiteradas oportunidades sobre un megaproyecto inmobiliario en plena costanera de la Ciudad de Buenos Aires», señalaron en el recurso de apelación que presentaron.

Allí también recordaron que el barrio «Costa Urbana», que IRSA pretende construir en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, «contará con decenas de torres de 145 metros de altura destruyendo uno de los pocos humedales que tiene la ciudad, con una capacidad constructiva de 900 mil metros cuadrados –densidad constructiva superior a la de Puerto Madero–, en pleno contorno ribereño, al lado de la Reserva Ecológica Costanera Sur que es un Sitio Ramsar».

El amparo inicial presentado por el ODC se basaba en el artículo 63 de la Constitución de la Ciudad, que establece que, ante normas de planeamiento urbano, como es el caso, la audiencia es obligatoria antes del inicio del tratamiento legislativo. El fallo de Scheibler, en tanto, se había centrado en la Ley N°123, que prevé que se debe elaborar un estudio técnico de impacto con su respectiva audiencia pública en los emprendimientos de «relevante efecto ambiental».

Siguiendo lo previsto por esa ley, el juez había considerado que el proyecto de IRSA es de «relevante efecto ambiental» ya que supera los 2500 metros cuadrados y requiere del dictado de normas urbanísticas particulares, implica deforestar «terrenos públicos o privados y disminución del terreno absorbente», modifica la costa del Río de la Plata y se desarrolla en «áreas ambientalmente críticas».

En la sesión del pasado 5 de agosto, con la medida precautelar vigente, Vamos Juntos decidió a último momento reservar en secretaría el proyecto que el propio bloque oficialista había incluido en el temario luego de un tratamiento en comisiones de solo una semana. Ahora, sin cautelar de por medio, VJ tiene el camino judicial allanado para llevar el convenio al recinto en la sesión prevista para este jueves 19 de agosto. Sin embargo, fuentes legislativas indicaron a este diario que todavía no hay una decisión tomada respecto a lo que sucederá en esa jornada.

Dudas en los aliados del bloque en torno a un proyecto que parece seguir el camino de lo sucedido con la venta de Costa Salguero —movilizaciones, audiencias públicas masivas y declaración de inconstitucionalidad en la Justicia– y evaluación del costo político de cara a las elecciones, son algunas de las razones que mantienen en duda si el proyecto será sacado de secretaría o si seguirá guardado. En la última sesión, el propio jefe del bloque de VJ, Diego García Vilas, se encargó de dejar en claro que el levantamiento del proyecto no fue por acatar la medida precautelar, sino por una «estricta decisión política». En todo caso, como viene ocurriendo en cada instancia legislativa del convenio IRSA – GCBA, habrá que esperar hasta último momento para saber si el macrismo lleva el proyecto al recinto. 

Bicicleteada y abrazo

Organizaciones que trabajan en defensa del espacio público de la Ciudad realizarán este domingo un «abrazo y bicicleteada para recuperar la Costanera Sur». Allí también juntarán firmas en apoyo al proyecto que presentaron en la Legislatura para recuperar el predio y crear un parque público en esos terrenos. «Quieren destruir nuestros humedales, peligra la Reserva Ecológica», advirtieron las organizaciones en un comunicado.

El Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingenieria Comunitaria de la UBA, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, y la Defensoría de Laburantes, son las organizaciones que convocan a la jornada de protesta a realizarse este domingo 22 de agosto. En concreto, realizarán una bicicleteada que comenzará a las 14 frente al Congreso de la Nación, pasará por Plaza de Mayo, la Legislatura porteña, el acceso norte a la Reserva Ecológica y finalizará en el acceso sur, donde comienza el predio de 71 hectáreas en el que IRSA quiere construir su barrio de torres de hasta 145 metros.

Allí, desde las 16 horas, realizarán un abrazo a la Reserva Ecológica y juntarán firmas «para que toda la costanera sea verde y pública», buscando apoyos al proyecto de ley de «Creación de la Reserva Ecológica Costanera Sur II – Nuestro Río» que ya presentaron en la Legislatura con el objetivo de crear un parque público en esos terrenos. El proyecto prevé que se declare de «utilidad pública y sujeto a expropiación» el predio de IRSA y que se cree allí una nueva extensión de la Reserva Ecológica.

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