La detención del Teto Medina y el lado oculto de las «granjas» de rehabilitación: «Son centros clandestinos de detención»

La detención del presentador de televisión Marcelo «Teto» Medina junto a otras 16 personas por los delitos de reducción a la servidumbre y abandono de persona por su rol en la la institución La razón de vivir puso el foco una vez más sobre el rol de las comunidades terapéuticas, popularmente como granjas de rehabilitación, en el tratamiento de personas con adicciones a drogas.

Hasta el momento, Medina y el resto de los integrantes de la organización son investigados bajo la calificación penal de «reducción a la servidumbre, trabajos forzados, asociación ilícita, usurpación de autoridad y título e incumplimiento de los deberes de funcionario público». En la investigación, el Juzgado de Garantías N°8 de Florencio Varela, a cargo de Adrián Villagra, verificó que La razón de vivir no tiene autorización para funcionar como una comunidad.

Cómo funcionan las “granjas”«Hay intereses corporativos en contra de la Ley de Salud Mental»

Cómo funcionan las granjas de rehabilitación

Pablo Galfre, periodista y autor de La comunidad, viaje al abismo de una granja de rehabilitación (Editorial Sudestada, 2017), asegura a Página/12 que, en muchos casos, hablar de “centros de rehabilitación” es “subirles el precio”, y afirma que aquellas instituciones que funcionan de forma ilegal son más bien “centros clandestinos de detención”.

El especialista explica que la mayoría de este tipo de comunidades funcionan a puertas cerradas, es decir que los internados no pueden salir. Además, la internación se da muchas veces en contra de su voluntad, y a pedido de familiares o conocidos de las personas adictas.

En este caso en particular, La razón de vivir se presentaba como una “comunidad a puertas abiertas”, donde cada persona podía entrar y salir cuando quisiera. “Dicen que no es un lugar a puertas cerradas, pero que los pibes no se van”, señala Galfre sobre este punto en particular.

El orígen de las comunidades

La prestigiosa psicóloga, titular de la cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la Universidad de Buenos Aires Alicia Stolkiner explica que el orígen de estas comunidades terapéuticas estuvo ligado al proceso de penalización del consumo. “Detenían a un muchacho porque le encontraban marihuana y el juez podía mandarlo preso o a rehabilitación. Eran internaciones compulsivas. A las instituciones les pagaban por cada internado”, relata, consultada por Página/12.

¿Todas las granjas operan de forma ilegal?

Es importante remarcar que no todas las comunidades de rehabilitación actúan de forma ilegal. Sin embargo, en este caso en particular, La razón de vivir no estaba inscripta en la Federación de Organizaciones no Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento de Abuso de Drogas (Fonga).

El exdiputado nacional y autor de la Ley nacional de Salud Mental, Leonardo Gorbacz, suma que esta normativa “promueve la integración del tratamiento de las adicciones al sistema de salud, para que los centros de atención primaria y los hospitales ofrezcan tratamientos e incluso internación”.

Sin embargo, aclara que “respecto de los dispositivos existentes, incluyendo las granjas o comunidades terapéuticas, se propone que, hasta que la integración del sistema se logre, se adecúen progresivamente a la ley de salud mental». «Esto implica que puedan contar con equipos interdisciplinarios, que se trabaje con otras instituciones a fin de lograr la inclusión social en el menor tiempo posible, entre otras variables”, remarca.

Violación a los Derechos Humanos

Tras poner el foco en el proceso legal y regulado mediante el que una persona puede ser interna aún en contra de su volunad y según los protocolos establecidos por la Ley de Salud Mental, Gorbacz remarca que las granjas que funcionan “con la lógica de premios y castigos como estrategia central de tratamiento suelen cometer situaciones que podrían ser calificadas de tortura”.

Se registran, por ejemplo, situaciones de encierro en celdas de aislamiento. Hace unos meses, a finales de mayo, el fiscal Germán Camafreitas a cargo de la UFI N°3 de Pilar solicitó la detención de cinco imputados por el incendio y muerte de cuatro personas en la comunidad terapéutica Resiliencia San Fernando, ubicada en la localidad de La Lonja.

“Las víctimas estaban sobremedicadas por el cóctel y cantidades de psicofármacos que les suministraban, ni siquiera tuvieron la posibilidad de reaccionar ante el siniestro”, aseguró tras lo ocurrido Roberto Cipriano García, secretario general de la Comisión Provincial por la Memoria.

Tratamientos poco efectivos

“Depende de que tengas la fuerza de voluntad de pedir ayuda. No te dejes asustar. No te dejes engañar. Depende de que tengas la fuerza de voluntad”, se escucha decir al propio Teto Medina en varios videos en sus redes sociales donde promociona La razón de vivir. Pero, ¿sirven los tratamientos voluntaristas contra el consumo de drogas?

Para el exdiputado Gorbacz, si bien se necesita “cierto compromiso sin el cual es muy difícil lograr una recuperación”, no existe una solución en que la persona únicamente permanece “un tiempo alejado forzosamente de las sustancias».

“El problema de muchos de estos dispositivos es que en lugar de centrarse en la obtención de ese compromiso y el trabajo sobre un proyecto de vida posible junto a la persona, se centran en el alejamiento de la sustancia y el castigo como forma de rehabilitación. Y la verdad es que los resultados son malos desde el punto de vista terapéutico, y catastróficos desde la perspectiva de los Derechos Humanos”, expresa.

“Yo veo que en muchas comunidades de este tipo, aún cuando hay una recuperación, la vida de la persona queda ligada al cuidado de personas en recuperación. Por eso hay planteado un debate sobre estas internaciones prolongadas en instituciones que son mucho menos costosas para los que invierten y que además son monovalentes, es decir, de una sola especialidad, que funciona como institución de encierro”, añade, por su lado, Stolkiner.

Ilegal, pero pública

Sobre este punto, Galfre destaca un punto central: si bien en muchos casos operan de forma ilegal, “son muy visibles”. Se muestran en las redes sociales, en los medios locales y, sobre todo, a través de carteles en la vía pública que apuntan, directamente, a los propios adictos o a sus familiares. 

Ejemplos sobran:

Esto se vincula con otro aspecto clave para entender por qué este tipo de organizaciones calan tan hondo en la sociedad, y tiene que ver con una alternativa relativamente económica para las familiares de las personas internadas, donde además no tienen que iniciar los tratamientos por los canales establecidos por la ley, que en muchos casos es denunciado señalado como poco eficaz, como se expresó con el caso de Felipe Pettinato, meses atrás.

“Toda internación involuntaria en salud mental debe ser comunicada al juzgado competente y al Órgano de Revisión Local. Eso es fundamental, porque una internación involuntaria es una restricción de un derecho fundamental, y se puede realizar por razones terapéuticas pero bajo control estricto”, explica Gorbacz.

Granjas de rehabilitación: quiénes ganan

Para Galfre, estos centros de rehabilitación, donde “nunca se dan por finalizados los tratamientos”, terminan beneficiando a las propias organizaciones que “lucran” haciendo trabajar a las personas internadas en tareas de todo tipo, incluso por fuera de las instituciones, como el caso de trabajos de mantenimiento en la casa de los directivos de las organizaciones.

Para evitar estos abusos la Ley nacional prevé “el derecho de las personas usuarias de los servicios a recibir una justa compensación por su tarea en caso de participar de actividades que impliquen producción de objetos, obras o servicios que luego sean comercializados”, explica a este medio Gorbacz.

“También se beneficia el Estado, porque como no tiene centros de tratamiento adecuados estos lugares cubren ese vacío de alguna manera y las corporaciones farmacéuticas, porque estos lugares medican a mansalva”, añade el especialista.

Las granjas y los debates pendientes

“Yo entiendo la desesperación de los familiares, ellos muchas veces sienten que la persona corre un riesgo cierto o inminente, aunque todavía no está en ese punto. Parte tiene que ver con el riesgo de la ilegalidad. El circuito en el que deben entrar para el consumo y la falta de calidad de lo que consumen”, comenta Stolkiner.

Además, señala que los familiares suelen solicitar la internación. «Si fuera la madre de una persona que se está destruyendo podría hasta pedir que lo metan preso con tal de que le salven la vida. Pero tenemos que pensar otra forma de respuesta”, grafica.

“Hay que tener un debate que excede el campo de la salud y la guerra contra el narcotráfico, que mató más personas que las drogas en sí. Se tendría que pensar en construir más servicios ambulatorios intensivos de atención de problemáticas de consumo y acompañarlos de prácticas comunitarias de integración”, finaliza la especialista. 

Operan como «centros de rehabilitación», pero la regulación es escasa. Tras la detención del «Teto» Medina volvieron a quedar en el debate por sus métodos, que según expertos en muchos casos no se adecúan a la ley de Salud Mental. El caso de La razón de vivir y los intereses en juego.Leer másSociedad Página12

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