Reprimir, reprimir, reprimir

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano consultivo de la OEA, con sede central en Washington, comunicó a través de una carta que “Argentina debe respetar estándares de uso de la fuerza provincial durante las protestas en Jujuy” y que poseían información sobre el “uso indebido de la fuerza en contra de personas en el contexto de las manifestaciones”.

Y agregó que “la Oficina ha tomado conocimiento que al menos 20 personas han resultado heridas, incluido un joven de 17 años que sufrió trauma ocular severo y otra persona que habría sufrido un trauma craneal, supuestamente por uso de armas menos letales disparadas directamente en contra de la parte superior del cuerpo”.

El pasado martes 20 de junio el Gobernador Gerardo Morales logró aprobar de manera exprés una nueva constitución provincial, y desató lo lógico y esperable: manifestaciones de docentes, de movimientos sociales, de trabajadores estatales y de los pueblos originarios. La nueva constitución cercena lo que está garantizado en la Constitución Nacional, el derecho a la protesta, y se suma a una larga lista de insuficiencias por parte del gobierno Jujeño: salarios bajísimos y más de diez días de manifestaciones por parte de los docentes y trabajadores estatales que fueron amenazados por el mismísimo Gobernador de la Provincia con el descuento de los días de huelga y el presentismo si no volvían a sus trabajos.

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