Hacia un Estado burocrático-militar JDF

La minuta aprobada con 87 votos a favor y 40 en contra, recibió apenas dos más de los necesarios, gracias a que la mayoría de los legisladores priistas y dos perredistas la avalaron, justo después de que, antes de la sesión, la Cámara Alta recibiera la visita del secretario de Gobernación Augusto López Hernández.

La promoción de esa iniciativa, que ya
previamente había arrojado saldos como la designación de su autora
como magistrada en el poder Judicial de Durango, por el contexto
general de la militarización a la que el país ha sido llevado desde
el gobierno de Felipe Calderón, pero particularmente en los últimos
cuatro años, está cargada de fuertes significados políticos y
simbólicos. También por los acontecimientos más recientes en los
que el ejército se ha visto involucrado: la investigación realizada
por la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso
Ayotzinapa y el tercer y último informe del Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI), que involucran a militares en la
desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa o su
encubrimiento; y en los días recientes el robo de información de
las bases de datos de la Defensa Nacional realizado por el grupo
internacional de hacktivistas
autodenominado Guacamaya,
que ha sido compartida a diversos medios nacionales.

Ahora sabemos, por los dos informes
referidos y la filtración, que el ejército tuvo conocimiento
directo y en tiempo real de lo que ocurría en Iguala aquella noche
del 26 de septiembre de 2014, pero no intervino para impedir el
ataque armado ni el secuestro y desaparición de los estudiantes, que
probablemente seis de éstos estuvieron en las instalaciones del 27 º
Batallón, y que incluso pueden haber sido ejecutados por órdenes
del comandante de éste, el coronel José Rodríguez Pérez, luego
ascendido a general.

Sabemos también, por el Guacamayazo,
que el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, intercedió
ante el presidente López Obrador en favor del capitán José
Martínez Crespo, preso por sus presuntos vínculos con el cártel
Guerreros Unidos y la desaparición de los jóvenes normalistas. Y
que la Sedena adquirió, en 2019, ya bajo este gobierno, el software
invasivo Pegasus,
con el cual ha intervenido teléfonos de periodistas y activistas y
mantiene vigilancia sobre grupos feministas que han denunciado
violaciones por el ejército a derechos humanos.

Y las revelaciones derivadas de los
millones de documentos hoy en poder de algunos medios apenas
comienzan. El primer tema, el de la salud del presidente López
Obrador, importante, no es para nada el de mayor relevancia, aunque
él mismo haya salido a controlar los daños reconociendo que el
hackeo
y la cuestión de su atención médica eran reales. Estamos ante la
muy posible revelación de los alcances del poder que los militares
han obtenido desde el gobierno calderonista, pero sobre todo en el
actual de López Obrador.

La Sedena tiene una estrategia de
defensa de sus miembros en todos los frentes. No sólo la intercesión
por Martínez Crespo, sino el permitir que el imputado general José
Rodríguez Pérez dé entrevistas desde su reclusión en una prisión
militar, no civil como correspondería al tipo de delitos de los que
se lo acusa, y, desde luego, el negar el espionaje ya evidenciado con
documentos y pruebas periciales.

Se dice que no es el ejército sino
miembros de éste en particular quienes presuntamente han cometido
delitos, lo que en principio es cierto. Pero también lo es que esos
miembros individuales usaron la estructura del ejército, sus cadenas
de mando y quizás hasta sus instalaciones para cometer las
transgresiones que se van acreditando; y es también esa estructura
institucional la que ha permitido ocultar la verdad durante ocho
años.

El presidente también ha salido a
controlar los daños. Ha reconocido que la sustracción de
información es real, y que las primeras revelaciones, tocantes a su
estado de salud, también refieren datos ciertos de sus cuidados
médicos. Pero, igual que los militares, niega, pese a la
documentación presentada, que exista el espionaje a civiles, ya
avalado por estudios del instituto canadiense Citizen Lab. La
pregunta es hasta dónde se podrán seguir negando hechos de los que
ahora, con el hackeo
y difusión de los documentos de la Sedena, se van acumulando
constancias. ¿Bastará con seguir repitiendo cada mañana el
consabido “no somos lo mismo” para conjurar las evidencias?

El tema no es menor, ni se limita a la
seguridad pública, puesta en su totalidad en manos de la milicia
desde que también, por una reforma inconstitucional a la ley de la
Guardia Nacional, se la ha incorporado como parte del ejército
nacional. Todo esto viene a complementar el creciente poderío
social, político y económico del que se ha dotado a las fuerzas
armadas. Como se ha dicho hasta la saciedad, el presidente ha puesto
en manos de los militares la construcción de obras de ingeniería
civil, la distribución de vacunas y libros de texto, la
administración de las aduanas y de los puertos, el manejo del
aeropuerto Felipe Ángeles y el previsto del Tren Maya, el corredor
interoceánico del Istmo y de nuevas estaciones aéreas. Los
documentos de los ya llamados Sedenaleaks exhiben también el
proyecto de los mandos militares de manejar una empresa de aviación
civil, lo que tuvo que reconocer el presidente y justificarlo como
una forma de financiar las pensiones del ejército.

Se trata de un recurso de gobierno nada
nuevo, pero sí renovado durante el actual sexenio. Ya en la etapa de
conformación del Estado mexicano, Porfirio Díaz y Manuel González
facilitaron y estimularon que militares ocuparan los gobiernos
estatales y senadurías y se enriquecieran convirtiéndose en
hacendados y empresarios mineros, forestales o comerciales. Así se
garantizaba su lealtad al presidente y se evitaban revueltas y
sublevaciones contra el gobierno central. Igualmente, después de la
Revolución emergió una nutrida capa de generales enriquecidos,
particularmente durante los gobiernos de los sonorenses. No sólo
Obregón y Calles se hicieron poderosos empresarios agrícolas y
ganaderos; Aarón Sáenz se adueñó de la mayoría de los ingenios
azucareros, Abelardo Rodríguez de los casinos de Tijuana, Saturnino
Cedillo devino el acaudalado cacique y hacendado de San Luis Potosí,
y una pléyade de otros militares de alto rango formaron la casta de
los nuevos ricos “robolucionarios”.

La diferencia, ahora, es que la
propiedad de las empresas recién creadas por el Estado no sería de
los individuos, sino de la corporación castrense; pero el
enriquecimiento de los galoneados sería similar al que se vio en
esos periodos de primacía marcial: un neoporfirismo,
como le ha llamado Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de una metamorfosis profunda
del Estado y el régimen político. Los altos mandos de la Sedena han
logrado la cancelación de 16 órdenes de aprehensión contra
militares, obtenidas por la FGR con base en elementos probatorios de
2020, lo que seguramente fue el hecho decisivo de la renuncia del
fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo. Ahora ha
sido sustituido por Rosendo Gómez Piedra, que ha sido director
jurídico del Fonatur y, antes, abogado general y comisionado para la
transparencia en la Secretaría del Bienestar. En el gobierno de
Arturo Núñez en Tabasco fue secretario de Gobierno; en suma, un
miembro del grupo Tabasco encabezado ahora por Adán Augusto López
Hernández.

El mando militar ha podido, según el
informe del GIEI, desobedecer la orden del presidente de la República
de entregar todos los documentosrelacionados
con el Caso Ayotzinapa, lo que echa por tierra el mito de un ejército
sometido al poder presidencial. El argumento central de la
presidencia, sus representantes y voceros es que, de hallarse
responsabilidades, éstas son de miembros del ejército en lo
personal, no de la institución. Pero las evidencias apuntan a que
esos individuos con mando usaron las estructuras de mando de la
institución, y hasta sus instalaciones físicas, para propósitos no
institucionales, como la desaparición y tortura; y también para el
ocultamiento de la verdad durante ocho años. En esa institución el
presidente López Obrador deposita su total confianza y nos pide que
hagamos lo propio.

Estamos ante unas fuerzas armadas que son un factor de poder real —según las caracterizó Pablo González Casanova en 1965—, con gran autonomía efectiva, incluso con respecto del titular del Ejecutivo, y con un espíritu de cuerpo más fuerte que su declarada lealtad al Ejecutivo o a un abstracto concepto de nación. El ejército como corporación genera intereses propios, más allá de las autoridades civiles, y más lo hará cuanto más se pongan en sus manos elementos de poder político y económico. Ya puede hablarse, entonces, de un virtual cogobierno cívico-militar o burocrático-militar, similar al que por muchos años vivieron naciones como Colombia. Esta actualizada conformación del poder no será fácil de desmontar, y seguramente permanecerá como un factor preponderante del Estado durante por un largo periodo más allá del presente gobierno.

Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.

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