La Justicia frena a Milei / Triunfo sindical en defensa del derecho a huelga
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En un fallo que sacudió el tablero político y sindical, la Justicia Nacional del Trabajo suspendió este lunes el decreto de Javier Milei que obligaba a garantizar hasta un 75 % de servicios esenciales durante las huelgas. La medida, impulsada por la ministra Patricia Bullrich, había sido duramente cuestionada por gremios, constitucionalistas y organismos de derechos humanos.
Un límite judicial al autoritarismo laboral
La jueza nacional del Trabajo, María Rosa Muiños, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) y consideró que el decreto 70/2023 viola derechos fundamentales, en especial la libertad sindical consagrada en la Constitución y en tratados internacionales como el Convenio 87 de la OIT.
El fallo resalta que imponer un mínimo tan elevado de servicios esenciales durante las huelgas, sin una ley del Congreso, equivale a anular en los hechos el derecho a protestar.
La resolución judicial es clara: no se pueden restringir derechos laborales con un decreto de necesidad y urgencia que pasa por encima de garantías constitucionales.
El sindicalismo celebra y vuelve a tomar impulso
Desde la CTA Autónoma, ATE, la UOM, Suteba y la CGT, el fallo fue celebrado como “una victoria del movimiento obrero frente al autoritarismo de mercado”. El dirigente gremial Pablo Moyano aseguró que esto demuestra que “la Justicia aún tiene espacios que no se doblegan ante el poder ejecutivo”.
También hubo pronunciamientos de la OIT y de Amnistía Internacional, que venían advirtiendo sobre los riesgos del decreto en materia de derechos humanos.
¿Qué buscaba el decreto?
El DNU de Milei y Bullrich pretendía redefinir qué se considera un “servicio esencial” y establecer un umbral mínimo de actividad laboral incluso durante huelgas legítimas. El objetivo declarado era “proteger a los ciudadanos de paros abusivos”, pero en la práctica, el decreto criminalizaba el derecho a huelga.
La decisión judicial no deroga el decreto en su totalidad, pero suspende de manera inmediata su aplicación en lo relativo al derecho a huelga, hasta que se resuelva el fondo del asunto. El Gobierno podrá apelar, pero la cautelar ya es efectiva.
Una señal en medio del ajuste
El fallo llega en un momento de fuerte tensión social, con paros docentes, protestas de estatales y ajuste sobre jubilaciones, universidades y programas sociales.
La reacción del gobierno fue inmediata: la portavoz Adorni calificó el fallo como “ideológico” y anunció que apelarán la decisión. Pero lo cierto es que el Poder Judicial le marcó un freno a la ofensiva más dura contra los sindicatos en lo que va del mandato.
Defender el derecho a huelga no es un capricho gremial. Es sostener un mínimo democrático frente a un modelo que busca eliminar cualquier voz disidente.
#DerechoAHuelga
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