Crueldad sin filtro / Milei da de baja más de 110 mil pensiones por discapacidad en medio de un fuerte rechazo político y social

🔴 Un golpe directo a los más vulnerables
El gobierno de Javier Milei confirmó la baja de 110 522 Pensiones No Contributivas por discapacidad laboral. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) justificó la medida señalando “irregularidades” en la concesión de esos beneficios y estimó un ahorro de $35 mil millones por mes.
Además, se dieron de baja 8 107 pensiones por fallecimiento y 10 038 por renuncias voluntarias. Para el Ejecutivo son cifras de “ordenamiento del gasto”, pero para miles de familias son la pérdida del único ingreso que cubría necesidades básicas como medicación, tratamientos y cuidados.

📉 El argumento oficial
El gobierno sostiene que estas bajas forman parte de un plan para “transparentar” el sistema y evitar pagos indebidos. Sin embargo, organizaciones de personas con discapacidad y defensores de derechos humanos alertan que se está aplicando un recorte masivo sin garantizar revisiones individuales, lo que deja a personas legítimamente beneficiarias sin sustento.

🔥 El choque con el Congreso
En paralelo, Milei vetó una ley aprobada por el Congreso que declaraba la emergencia en discapacidad y mejoraba beneficios para el sector, así como otra norma que otorgaba un aumento del 7,2 % en las jubilaciones.
El veto presidencial fue rechazado por la Cámara de Diputados, en una votación que expuso el malestar político frente a la medida. Sin embargo, ese rechazo no restablece automáticamente la ley: para que vuelva a estar vigente es necesario que ambas cámaras insistan con una mayoría de dos tercios, algo que, al cierre de esta nota, todavía no ocurrió.

📱 Indignación que se vuelve viral
Las redes sociales se llenaron de testimonios y denuncias. Hashtags como #PersonasConDiscapacidadEnResistencia y #MásDerechosMenosAjuste se multiplicaron en TikTok, X e Instagram.
Jóvenes activistas de la Generación Z y millennials impulsan videos explicando cómo este recorte impacta en la vida diaria: desde la imposibilidad de pagar un transporte adaptado hasta la suspensión de terapias esenciales.

⚠️ Lenguaje que hiere
El malestar crece por un antecedente cercano: en febrero, el Ejecutivo incorporó nuevamente en normativas oficiales términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental profundo” para clasificar grados de discapacidad intelectual, generando repudio de especialistas, ONGs y organismos internacionales.

💥 Un ajuste que va más allá de los números
Bajas masivas, vetos legislativos y un lenguaje discriminatorio conforman un escenario de tensión social creciente. El gobierno habla de ahorro y transparencia; las organizaciones lo leen como retroceso en derechos.
Mientras tanto, en las calles y en las redes, el mensaje es claro: no hay ajuste que justifique dejar a las personas con discapacidad sin protección.

¿Hasta dónde puede llegar un gobierno antes de que el costo social supere cualquier ahorro fiscal?

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