13 de Abril. Aniversario de la sanción de la Ley de Lengua de Señas en Argentina (LSA): inclusión que se hace visible

Una lengua, una identidad, un derecho

Hace dos años, el Congreso sancionó la Ley 27.710 que reconoce a la Lengua de Señas Argentina (LSA) como una lengua natural, originaria y viso-gestual. El 13 de abril de 2023 se marcó un antes y un después para la comunidad sorda: ya no se trataba solo de inclusión, sino de reconocimiento, respeto y reparación histórica.

Esta ley no fue un gesto simbólico. Fue una conquista colectiva que dejó claro que las personas sordas tienen derecho a comunicarse, a educarse y a participar en la vida pública en su propia lengua. Una lengua que no traduce el español, sino que tiene su propia gramática, cultura y sentido.

A dos años, ¿qué cambió? ¿Qué falta? ¿Qué nos está diciendo esta ley sobre la sociedad que queremos construir?

¿Qué dice la ley y por qué es clave?

La Ley de LSA reconoce oficialmente a la lengua de señas como parte del patrimonio lingüístico y cultural argentino. Define que la comunidad sorda es la autoridad legítima sobre su lengua y establece el compromiso del Estado de garantizar su uso en áreas clave como la educación, la justicia, la salud, los medios de comunicación y la vida institucional.

Este reconocimiento es vital: durante décadas, la comunidad sorda fue invisibilizada, obligada a adaptarse al español oral, sin intérpretes, sin materiales accesibles, sin representación. La ley no sólo les da voz (o mejor dicho, les devuelve sus manos), también afirma que el problema nunca fue “no oír”, sino que no los quisimos escuchar.

Fue un momento mágico. Pero no fue magia. Fue lucha colectiva.

Educación: el punto de quiebre

La educación es el área más sensible. Muchos niños sordos siguen asistiendo a escuelas sin intérpretes, sin docentes capacitados en LSA y sin materiales adaptados. La ley propone un modelo bilingüe que respete la LSA como primera lengua, pero su implementación avanza con lentitud.

En algunas provincias como Córdoba, Santa Fe y Río Negro comenzaron programas de formación docente en LSA. Se crearon cursos, plataformas y convenios con universidades. Sin embargo, el avance es desigual. No hay todavía una política federal unificada que garantice el acceso real a la educación bilingüe en todo el país.

Mientras tanto, cientos de familias dependen del esfuerzo individual para aprender la lengua de sus hijos. La desigualdad se multiplica.

Tecnología: aliada fundamental, pero aún limitada

En estos dos años surgieron proyectos tecnológicos prometedores. Desde apps como “LSA en Familia” hasta desarrollos basados en inteligencia artificial para traducir en tiempo real lengua de señas, muchas universidades e investigadores están empujando soluciones inclusivas.

La Universidad Nacional de Quilmes, la UTN y la Universidad Nacional de Córdoba lideran algunas de estas iniciativas. Pero el gran desafío es la articulación con el Estado: muchas de estas herramientas no tienen financiamiento ni llegan a las instituciones que más las necesitan.

Tecnología sin políticas públicas es apenas una buena intención.

Accesibilidad: medios, salud y justicia todavía deben mucho

Aunque la ley obliga a garantizar la presencia de intérpretes en medios de comunicación, actos oficiales y servicios públicos, el cumplimiento es parcial. Solo algunos canales incorporaron de forma sostenida a intérpretes. En hospitales, juzgados, comisarías y oficinas públicas, la presencia de personal capacitado sigue siendo la excepción.

La comunidad sorda denuncia que muchos derechos básicos —como declarar ante un juez, pedir turno médico o presentar un reclamo— siguen dependiendo de si hay o no alguien que entienda LSA. Eso no es inclusión. Eso es precariedad institucional.

La voz de la comunidad sorda: protagonistas, no espectadores

Una de las claves de la ley fue declarar que las organizaciones de personas sordas son quienes deben conducir y asesorar su implementación. Esto es fundamental: durante años se impusieron modelos educativos y decisiones políticas sin consultarles.

La Confederación Argentina de Sordos (CAS) y otras entidades vienen trabajando intensamente en capacitaciones, campañas de visibilización y producción de contenidos. Pero muchas veces chocan con la falta de voluntad estatal para incorporar sus saberes de forma estructural.

Incluir no es hacer favores. Es reconocer saberes y ceder espacios de decisión.

La Ley de Lengua de Señas Argentina abre paso hacia un nuevo paradigma intercultural. Hay que tener en cuenta que el 85% de las niñas y niños sordos nacen en familias oyentes.

¿Qué falta?

La Ley de LSA fue un avance enorme. Pero su aplicación es todavía parcial. Faltan:

• Intérpretes capacitados y pagos en todas las instituciones públicas.
• Formación docente obligatoria en LSA en los profesorados.
• Producción masiva de materiales en lengua de señas.
• Accesibilidad real en hospitales, juzgados, escuelas y medios.
• Articulación nacional que no dependa del voluntarismo de algunas provincias.
• Presupuesto específico para implementar cada punto de la ley.

No alcanza con tener la ley escrita. Hay que hacerla vivir en cada aula, en cada pantalla, en cada rincón donde una persona sorda tenga derecho a estar.

Escuchar es comprometerse

La Ley de Lengua de Señas Argentina no es una anécdota legislativa. Es un punto de inflexión. Nos obliga a pensar qué entendemos por comunicación, por ciudadanía y por inclusión real.

Escuchar a quienes históricamente fueron silenciados no es solo una cuestión de justicia: es una forma de construir una sociedad más rica, plural y humana. Y eso nos transforma a todas y todos.

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